El impacto de la rápida propagación mundial del COVID-19 en toda la industria marítima, en particular en la industria de los cruceros, ha acaparado la atención de los medios de todo el mundo desde el brote de la pandemia.
En febrero, el Diamond Princess fue puesto en cuarentena en el Puerto de Yokohama, en Japón, situación que tuvo una amplia cobertura internacional. La semana pasada, el Grand Princess fue noticia después de que se le denegara el permiso para atracar en California por las especulaciones de que algunos pasajeros y miembros de la tripulación habían dado positivo en las pruebas del COVID-19.
Esta semana, el Braemar, infectado con coronavirus, apareció en todos los medios del mundo al ser rechazado por varios puertos del Caribe y pasó días buscando un lugar para atracar hasta que Cuba accedió a permitir el desembarco de pasajeros y tripulantes. Fred Olsen Cruise Lines confirmó que el Braemar echó anclas a unas cinco millas de la costa de La Habana, a la espera de un vuelo chárter desde el Reino Unido al que podrán acceder únicamente los tripulantes y huéspedes británicos; no se permitirá el ascenso de personas de ninguna otra nacionalidad. Según las informaciones disponibles, el resto de los pasajeros y tripulantes continúa en un limbo.
Actualmente, el periódico The Guardian informa que más de 100 médicos y profesionales de la salud australianos están atrapados a bordo del crucero Roald Amundsen frente a la costa de Chile, luego de que el país prohibiera la recalada de cruceros en respuesta a la pandemia del COVID-19.
Dave Heindel, presidente de la Sección de Gente de Mar de la ITF, llamó hoy la atención sobre la falta de protección de la salud de los marinos y los pasajeros por parte de los Estados del pabellón durante esta crisis humanitaria.
“Es necesario centrar la mirada en la inacción de los Gobiernos de Bermudas y Bahamas en los casos del Grand Princess y el Braemar, al no aceptar su responsabilidad de solucionar el problema de sus buques soberanos”, declaró Heindel.
“En cada uno de estos casos, el Gobierno de los EE. UU. y, luego de un esfuerzo diplomático, el Gobierno cubano han estado trabajando directamente con los cruceros para abordar la situación. Pero ha habido poca o ninguna mención de la responsabilidad y el deber de diligencia de los Gobiernos de los Estados del pabellón en lo que respecta a brindar asistencia a la gente de mar empleada en dichos buques”, añadió Heindel.
Conforme al derecho internacional, la responsabilidad por la salud y la seguridad de la tripulación y los pasajeros, así como por el público en general que pudiera verse afectado, recae sobre los Gobiernos de los Estados del pabellón. Los Estados del pabellón deberían asegurar que las empresas cuyos buques enarbolan su bandera respeten las leyes nacionales e internacionales, dado que los Estados del pabellón ejercen soberanía sobre sus embarcaciones.
“Los Estados del pabellón tienen soberanía sobre sus buques, pero, en el caso de los cruceros afectados por el coronavirus, la responsabilidad ha recaído sobre los Estados rectores de los puertos, los Gobiernos nacionales de los pasajeros y los tripulantes o incluso sobre un tercer país. Por ejemplo, al Braemar no se le permitió atracar en su propio territorio, y el buque fue enviado a Cuba después de que el Gobierno autorizara el desembarco de pasajeros y de la tripulación”, comentó Heindel.
“Esto es simplemente descabellado e insostenible. Si el mundo sigue aceptando el sistema de banderas de conveniencia en su forma actual, debemos señalar sus fallas. El mundo debería preocuparse por la falta de políticas y la incapacidad de los Estados del pabellón de reaccionar y promulgar medidas en consonancia con su responsabilidad de proteger a los trabajadores y atacar la transmisión del COVID-19”, comentó.
La ITF y las afiliadas marítimas que representan a la gente de mar y a los portuarios en todo el mundo instaron a los Estados del pabellón a asumir su responsabilidad y responder de la salud y el bienestar de todos los trabajadores y pasajeros a bordo de sus buques, en especial de la gente de mar que vive y trabaja embarcada durante muchos meses seguidos.
“Proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras del transporte es nuestra principal prioridad. La ITF continuará luchando por la salud y la seguridad de las tripulaciones de los buques y de los trabajadores portuarios, al igual que de los pasajeros, para que estén protegidos contra cualquier riesgo potencial de COVID-19, además de asegurar que los Estados del pabellón cumplan con su deber de diligencia en materia de salud y seguridad”, dijo Heindel.
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