La pandemia de COVID-19 está agravando —aunque no los ha creado— los problemas que padecen hoy los trabajadores y las trabajadoras de los aeropuertos, como la fragmentación de la industria y la precarización de la mano de obra a través de la subcontratación y la externalización. Como resultado de esta crisis, muchos están perdiendo su empleo sin recibir ninguna indemnización por despido, independientemente del tiempo que hayan trabajado en el aeropuerto.
Los modelos de negocio y de empleo existentes en los aeropuertos ya no son válidos, ni para los trabajadores ni para los pasajeros.
La subcontratación dificulta la implementación y evaluación de las medidas de salud y seguridad a los niveles necesarios durante y después de esta crisis. Antes de subirse a un avión, los pasajeros seguirán pasando a través de aeropuertos donde hay diversos puntos de contacto humano, como la facturación, el control de seguridad o el embarque. Tanto el personal como los pasajeros necesitan garantías de que todos los proveedores de servicios, incluidos los subcontratistas, están tomando las precauciones de seguridad adecuadas.
Para restablecer la confianza de los pasajeros y del mercado es necesaria una estrategia de salud y seguridad coordinada a nivel mundial con la que hacer frente al COVID-19 en los aeropuertos, una estrategia que incluya medidas estandarizadas y cuente con recursos suficientes para su aplicación. Los trabajadores y las trabajadoras, y sus sindicatos representantes, son el medio más eficaz para monitorear e implementar las normas de salud y seguridad. Por lo tanto, debe realizarse un gran esfuerzo para introducir un régimen de salud y seguridad estandarizado y tripartito a nivel de aeropuerto.
La aviación y los aeropuertos deben ser reconocidos como un bien público esencial para el desarrollo económico, el comercio, la movilidad y la sociedad, que por lo tanto requiere una reglamentación y supervisión estrictas por parte de los Gobiernos, así como planificación, inversión y, cuando proceda, la propiedad pública. Revertir parcial o —en algunos casos— totalmente la participación del sector privado en la gestión y financiación de los aeropuertos podría devolver a los Gobiernos el control sobre su responsabilidad última en materia de seguridad y protección en la aviación.
Los aeropuertos conectan los mercados regionales, nacionales e internacionales y son cruciales para el desarrollo económico. Se prevé que la pandemia de COVID-19 tenga consecuencias económicas más graves para los aeropuertos más pequeños, lo que inevitablemente perjudicará a todas aquellas comunidades remotas y vulnerables que dependen de esos aeropuertos para su desarrollo económico y para sus servicios esenciales —de acceso o de ambulancias aéreas—. Las inversiones necesarias para proteger estos aeropuertos, y su continua importancia como centros de operaciones regionales, deben estar condicionadas a la oferta de empleos de calidad y con estabilidad laboral.
La única solución radica en que los Gobiernos asuman el liderazgo frente a este enorme reto, en estrecha cooperación con los empleadores y los sindicatos. La ITF insta a los Gobiernos, las autoridades aeroportuarias y los empleadores a negociar con los sindicatos para:
Garantizar la salud y la seguridad del personal aeroportuario y los pasajeros
1. Reconocer la responsabilidad última de los empleadores en lo que respecta a la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal que trabaja en sus operaciones y cadenas de suministro, y reconocer el COVID-19 como enfermedad profesional.
2. Garantizar a los trabajadores y los pasajeros equipos de protección individual (EPI) adecuados y que tengan en cuenta las diferencias de género, a fin de que el personal esté adecuadamente protegido contra la infección, en particular quienes desempeñan funciones de cara al público; hacer obligatorio el uso de mascarillas por parte de todas las personas que entren en los aeropuertos.
3. Proporcionar a todos los trabajadores y trabajadoras acceso gratuito a servicios de atención sanitaria y test médicos, tratamiento, capacitación, equipos e instalaciones para su formación.
4. Garantizar permisos remunerados, en forma de licencias por enfermedad o vacaciones, desde el primer día, para cualquier trabajador o trabajadora amenazado o infectado por el COVID-19 y para los trabajadores con responsabilidades familiares.
Salvaguardar los derechos de los trabajadores a fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros
5. Hacer cumplir los convenios de la OIT relativos a la libertad de asociación, la negociación colectiva, el trabajo forzoso, la discriminación y la salud y seguridad ocupacional de todos los trabajadores y trabajadoras; proteger los derechos sindicales y responder a las cuestiones relativas al género, la situación migratoria y los trabajadores y trabajadoras LGBT+.
6. Identificar las amenazas y las nuevas presiones para la salud, los derechos y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y elaborar y aplicar respuestas en el lugar de trabajo, en especial unos protocolos de distanciamiento social estandarizados.
7. Velar por que existan medios adecuados y seguros para que los trabajadores denuncien los riesgos que encuentren en su lugar de trabajo y los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, sin la amenaza de sanciones o despidos.
8. Respetar el derecho de los trabajadores a retirarse de una situación laboral que suponga un peligro inminente y grave para su vida o su salud, o las de sus familiares inmediatos, sin temor a represalias.
Proteger los salarios, las condiciones y los puestos de trabajo
9. Poner fin a las formas de empleo precarias y atípicas en los aeropuertos y las cadenas de suministro para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal y de los pasajeros, y acordar una moratoria de todos los despidos.
10. Mejorar la programación y los días y las horas de trabajo para proteger los empleos, la salud y la seguridad del personal y tener en cuenta sus responsabilidades familiares.;
11. Evaluar las prácticas de trabajo actuales, en consulta con los sindicatos, y modificarlas en caso necesario a fin de reducir al mínimo el contacto del personal con los pasajeros.
12. Reconocer y compensar el papel clave que cumplen los trabajadores y trabajadoras aeroportuarios mediante el aumento de las indemnizaciones y prestaciones, incluido el derecho a indemnización en caso de lesiones o muerte.
Conseguir la sostenibilidad económica y financiera
13. Mantener los aeropuertos operativos durante la crisis para asegurar la recuperación segura y eficiente de la industria cuando se presente la oportunidad.
14. Reconocer el papel fundamental de los aeropuertos como un bien económico y público, en particular para las comunidades pequeñas y remotas, que dependen de ellos para su desarrollo económico y social.
15. Reducir la subcontratación y la externalización de los servicios y empleos aeroportuarios y, cuando proceda, ordenar a las autoridades aeroportuarias que gestionen directamente o contraten a todo el personal del aeropuerto.
16. Incluir a los sindicatos en las consultas sobre todos los nuevos adelantos tecnológicos que vayan a introducirse a raíz del COVID-19 y garantizar una transición justa, con igualdad de acceso y oportunidades para las mujeres.
17. Garantizar la sostenibilidad de las ayudas financieras públicas y el apoyo a los empleadores de los aeropuertos.
Cooperar para garantizar el liderazgo y la responsabilidad
18. Establecer comités tripartitos de salud y seguridad a nivel de aeropuerto —que cuenten con representación de mujeres y jóvenes trabajadores— para garantizar que las normas y medidas de salud y seguridad sean comprendidas por los trabajadores, supervisadas, implementadas y evaluadas.
19. Colaborar con la OACI para acordar normas y estrategias de salud y seguridad para los aeropuertos y la aviación coordinadas y de alcance mundial, en cooperación con los comités tripartitos de salud y seguridad de los aeropuertos, las aerolíneas y los sindicatos.
Estas medidas deben aplicarse al personal aeroportuario, independientemente de la descripción de su puesto de trabajo, sus disposiciones contractuales o su situación laboral y teniendo en cuenta las diferencias de género y situación migratoria.
Los Gobiernos y los empleadores también deberían colaborar con la ITF y los sindicatos a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como foro apropiado para coordinar una respuesta internacional a la crisis y preparar a la industria para la recuperación de la economía mundial.
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