Los representantes de armadores y gente de mar han instado a las Naciones Unidas a crear un equipo de tareas interinstitucional que supervise la aplicación y la puesta en práctica del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC) de 2006 durante la pandemia y examine su impacto en los derechos fundamentales de la gente de mar y en la industria del transporte marítimo.
A consecuencia de las restricciones locales impuestas debido al COVID-19 y la incapacidad de los Gobiernos de cooperar y coordinarse para afrontar la crisis del cambio de tripulaciones, el número de trabajadores y trabajadoras de mar atrapados en buques con contratos vencidos llegó a alcanzar los 400 000.
Todavía quedan unos 200 000 abandonados a su suerte, cifra que aumenta a medida que las autoridades actúan frente a las nuevas variantes y al disparo de los casos, como la segunda ola que actualmente azota a la India. A pesar de las correctas reacciones de algunos Gobiernos, que han incluido a la gente de mar como personal esencial y facilitado sus desplazamientos, muchos continúan impasibles ante la incapacidad de las tripulaciones de regresar a casa en lo que podría equipararse a un tipo de trabajo forzoso. Se necesita intervenir con urgencia.
La solicitud de una investigación por parte de las Naciones Unidas se incluye en la resolución adoptada durante la cuarta reunión del Comité Tripartito Especial (STC) del Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, celebrada de forma virtual este año entre los días 19 y 23 de abril, y en la que participaron representantes de la ITF, armadores y Gobiernos con el objeto de revisar el MLC [1,2].
“El Convenio sobre el Trabajo Marítimo es un tratado internacional destinado a proteger a la gente de mar y promover el empleo decente”, explica Mark Dickinson, portavoz de la gente de mar en la Organización Internacional del Trabajo y vicepresidente de la Sección de Gente de Mar de la ITF.
“La gobernanza y la estructura del sector han quedado brutalmente expuestas durante la pandemia. Pese a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el sector está dividido, lo cual ha contribuido en gran medida al caos”,* indica Dickinson.
“Los principales Estados del pabellón no disponen del poder que les atribuimos: tienen una visibilidad, capacidad e interés por el bienestar de las tripulaciones nulos.
“Es más, los 97 Gobiernos que han ratificado el MLC tienen el deber de garantizar la vuelta a casa de las tripulaciones cuando terminan los contratos. El MLC lo dice claramente, sin condiciones especiales ni cláusulas de desistimiento. Aquellos Gobiernos que no hayan logrado la repatriación de la gente de mar, la hayan impedido o se hayan negado a prestarle atención médica en tierra o a cooperar a nivel internacional para salvaguardar sus derechos incumplen claramente el MLC y, por ende, sus obligaciones internacionales”.
Unas restricciones de viaje mal planteadas
En la reunión del STC también se observó que, a pesar de la pandemia, la gente de mar ha seguido manteniendo operativas las líneas de suministro y asegurando que los productos esenciales —como alimentos, combustibles, medicamentos y equipos médicos— lleguen a donde se necesitan. Sin embargo, en estos 13 meses los Gobiernos no han logrado ponerse a trabajar, y muchos de ellos siguen imponiendo restricciones poco acertadas a los viajes que impiden el embarque y desembarque de la gente de mar.
“Clasificar a la gente de mar como personal esencial en todo el mundo, con libertad de movimiento, resultará muy útil para acabar con este inmenso problema de derechos humanos”, declara el coordinador de la Sección de Gente de Mar de la ITF, Fabrizio Barcellona. “Hay una serie de medidas que deben tomar las autoridades para detener la propagación de la enfermedad y proteger así a la gente de mar y las comunidades portuarias, incluidas la realización de pruebas y la administración prioritaria de vacunas al personal marítimo y portuario”.
Otras de las recomendaciones presentadas fueron la mejora de la cooperación entre naciones, las exenciones temporales para permitir los viajes y el reconocimiento internacional de la documentación de la gente de mar. Estas medidas contribuirían a calmar la crisis de las tripulaciones sin repercutir gravemente en la capacidad de los Gobiernos de controlar el COVID-19.
“A consecuencia de la pandemia, muchos marinos han perdido sus empleos, pero, además, otros muchos están replanteándose su profesión por la forma en que los Gobiernos están gestionando la crisis”, advierte Dickinson. “Esta situación afecta al sector del transporte marítimo, ya que hay varias empresas que se han visto obligadas a detener sus operaciones por falta de personal. Estamos notando su repercusión en la economía de todo el mundo. Los Gobiernos deben intervenir con carácter urgente para evitar que la situación siga deteriorándose”.
Prioridad en la vacunación
En otra resolución adoptada en esta reunión se insta a la vacunación prioritaria del personal del transporte contra el COVID-19[3], una postura que se suma al llamamiento público que la ITF dirigió la semana pasada a los Gobiernos para que dejen de hacer caso omiso de las recomendaciones de la OMS y prioricen el uso de las vacunas con arreglo a criterios económicos y humanitarios.
La resolución también insta a los Gobiernos a poner las vacunas a disposición de la gente de mar y a reconocer las vacunas administradas en otros países. Asimismo, se propone establecer centros de coordinación en puertos clave para la vacunación de las tripulaciones.
FIN
Notas:
*El artículo 94 se incluye en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC). Este artículo pertenece a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece cómo deben regirse las actividades que se realizan en los mares y los océanos. El artículo 94 de la convención define los deberes y obligaciones de los Estados del pabellón en relación con las condiciones de trabajo, la dotación y las cuestiones sociales en los buques que enarbolen su bandera.
Las tres principales banderas de conveniencia en 2020 fueron Panamá, Liberia y las Islas Marshall, países que, conjuntamente, representan un tercio del valor de la flota mundial y un 42 % de la capacidad de transporte.
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[1] La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia especializada de la ONU dedicada, entre otros asuntos, a supervisar las normas del trabajo. El principal tratado internacional sobre transporte marítimo y gente de mar es el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC), también conocido como la carta de derechos de la gente de mar, cuyo principal objetivo es proteger los derechos básicos de estos trabajadores y trabajadoras. Puede consultarse más información aquí.
[2] La Parte I de la cuarta reunión del Comité Tripartito Especial del MLC de 2006 (celebrada en formato virtual entre el 19 y el 23 de abril de este año) evaluó el impacto del COVID-19 en el sector del transporte marítimo y la gente de mar. Se llegó a la conclusión de que la Organización Internacional del Trabajo debería solicitar al secretario general de las Naciones Unidas convocar un equipo de tareas interinstitucional. Puede consultarse más información aquí.
Acerca de la ITF: La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación democrática, encabezada por sus organizaciones sindicales afiliadas, reconocida como la principal autoridad mundial en materia de transporte. Luchamos fervientemente para mejorar la vida laboral, conectando a sindicatos de 147 países para garantizar los derechos, la igualdad y la justicia de sus miembros. Somos la voz de casi 20 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte de todo el mundo, incluidos más de un millón de marinos.
