El sindicato de trabajadores Unite notificó a BP –que registró beneficios de más de 7.600 millones de libras esterlinas en 2012– que el 22 de febrero comenzaría una huelga de tres días de duración y que el 25 de febrero daría comienzo una prohibición continuada de horas extras.
El 90% de los 42 conductores de camiones cisterna de petróleo LGV votaron a favor de convocar la huelga para defender su derecho a las pensiones y para protestar por la pérdida del programa de adquisición de acciones para 2012 como consecuencia del inminente traspaso de contratos de aviación del actual empleador BP Oil UK a DHL.
El delegado industrial regional de Unite, Tony Trench, señalaba: “Es indignante que BP, un gigante multinacional que devenga miles de millones todos los años, esté explotando la débil legislación laboral del Reino Unido con el fin de quitar a los trabajadores sus ahorros de jubilación y sus futuros ingresos sirviéndose del engaño.
El año pasado, se concedió al director ejecutivo de BP, Bob Dudley, una prima de 2,6 millones de libras esterlinas. Este año, un tercio de los trabajadores y trabajadoras que cuentan con contratos de aviación en Grangemouth podrían perder hasta 13.000 libras al año de sus pensiones de jubilación y dos tercios o más de los trabajadores podrían perder 1.400 libras al año de sus ingresos básicos, debido a la pérdida del programa de adquisición de acciones de BP.
Se trata de la misma historia de opulentos ejecutivos que hunden de la peor forma posible los términos y condiciones de los trabajadores y trabajadoras mientras sus bolsillos permanecen llenos. Todavía estamos a tiempo de evitar ir a la huelga si BP da su brazo a torcer y accede a proteger a los trabajadores antes del traspaso, algo que la compañía se puede permitir más que de sobra”.
En 2006 se introdujo la normativa TUPE (Transferencia de Empresas y Protección del Empleo) con el fin de proteger los pagos y las condiciones de los trabajadores cuando estos son transferidos a un nuevo empleador. No obstante, la legislación no incluye la protección de las pensiones cuando los trabajadores son transferidos a un nuevo empleador.
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