El 4 de abril, se cerró prácticamente el acceso al Puerto de Valparaíso de Chile, cuando miembros y simpatizantes del sindicato marítimo y de gente de mar se manifestaron para oponerse a las propuestas del gobierno de abrir el cabotaje del país a la competencia extranjera y de hacer aprobar la legislación de una forma rápida.
Se cerró parcialmente la terminal 1, de propiedad privada, y la terminal 2, propiedad del gobierno, se paró por completo cuando camioneros, oficiales de aduanas, trabajadores portuarios, gente de mar, estudiantes universitarios y personal y agencias portuarias se unieron a la marcha, que fue organizada por el Consejo de Trabajadores del Sector Marítimo (MCW).
La presión ejercida por el sindicato ya ha dado como resultado algunos cambios en las propuestas del gobierno. Los días 2 y 3 de abril, se hicieron presentaciones ante la cámara baja del Congreso por parte del inspector de la ITF, Juan Luis Villalón Jones, que dio una perspectiva internacional; por parte de Héctor Azua del Sindicato de Oficiales de Southship, por el Comité de Prácticas Éticas de la ITF representando al MCW, y por parte también de propietarios de buques y del Responsable de la Marina. Como consecuencia, la cámara redujo las prioridades del proyecto de legislación, lo que supone que habrá más tiempo para debatirlo, pidió al ministerio gubernamental modificar sus propuestas y anunció un seminario para abril con el fin de que todas las partes discutan el asunto con más detalle.
Juan Luis Villalón Jones señalaba: “Seguiremos ejerciendo presión hasta que el gobierno entre en razón y ponga fin a los intentos de abrir el cabotaje de Chile. Creemos que una de las razones para pedir la apertura del cabotaje es reducir las condiciones contractuales de la gente de mar chilena, lo cual es inaceptable. El gobierno tiene que reconocer el talento y la experiencia de los trabajadores y de las trabajadoras chilenos y las ventajas estratégicas que representan para la economía de Chile".
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