El Gobierno colombiano debe respetar a su pueblo y su derecho a protestar pacíficamente
La ITF se une a la comunidad internacional para expresar su profunda consternación por las tácticas violentas utilizadas por las autoridades colombianas en sus intentos fallidos de sofocar las protestas legales de las y los ciudadanos del país.
A los diez días de protestas en Colombia, la ITF se ha sumado a otros sindicatos, Gobiernos, las Naciones Unidas y la Unión Europea para condenar la violencia, demandar conciliación y exigir que el Gobierno colombiano intervenga urgentemente y retire a los agentes de la policía que ejecutan la brutal violencia.
“La libertad de manifestación y reunión, la libertad de asociación de los trabajadores y trabajadoras y la libertad de movimiento están garantizadas en la Constitución de Colombia”, declaró Stephen Cotton, secretario general de la ITF. “Sin embargo, las autoridades colombianas están pisoteando estas libertades básicas. La ITF exige que el Gobierno garantice estos derechos y dé los primeros pasos para calmar la situación retirando a la policía y al ejército y desmilitarizando de la policía”.
El Gobierno colombiano debe generar conciliación y responder de una manera más civilizada ante las protestas. También es esencial que desaparezca el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que siempre ha estado como centro en la violencia indiscriminada durante las protestas.
Protestas provocadas por impuestos injustos
Las propuestas del Gobierno para modificar las leyes tributarias afectaban más a los trabajadores y trabajadoras más pobres, mientras que beneficiaban a las grandes corporaciones. Esto desencadenó un paro nacional promovido por sindicatos y movimientos sociales que comenzó el 28 de abril de 2021. Las protestas se intensificaron a medida que los colombianos se dieron cuenta que las implicaciones de las nuevas leyes tributarias implantarían cosas peores en un país que ya sufre una profunda desigualdad.
El domingo 2 de mayo de 2021, el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria y su Ministro de Hacienda renunció al gabinete. Sin embargo, las protestas continúan, por una parte, impulsadas por la indignación ante la brutalidad policial y militar, y por otra, por la preocupación que genera la agenda social del Gobierno.
Según diferentes informes, hasta el momento entre 30 y 37 manifestantes han perdido la vida y 87 han desaparecido. Hay además cientos de heridos y se han producido numerosas detenciones arbitrarias.
El presidente de la ITF, Paddy Crumlin, comentó que la situación colombiana se ha visto agravada por la histórica incapacidad del Gobierno de eliminar a los grupos paramilitares en el país.
“En los últimos dos años, los paramilitares han asesinado a cientos de sindicalistas y activistas, y desde 1985 alrededor de tres mil. Es necesario acabar con los grupos paramilitares para que se haga justicia para con los trabajadores y trabajadoras colombianos, y para que Colombia sea un país verdaderamente seguro”, concluyó Crumlin.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “profunda alarma” y “gran consternación” tras recibir informes en los que se indicaba que la policía abrió fuego contra los manifestantes, pese a que la mayoría protestaban pacíficamente. La ONU pidió calma y recordó a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos. La Unión Europea también ha condenado la violencia e indicó que es prioridad para las fuerzas de seguridad evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Los sindicatos han creado un Comité Nacional de Paro para acordar los próximos pasos e impulsar las negociaciones con el Gobierno.
Trabajadores y trabajadoras del transporte en riesgo
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia (SNTT), afiliado a la ITF, ha informado que los trabajadores y trabajadoras del transporte atrapados en el caos corren un riesgo extremo. El descontento generalizado con la ineficiencia del sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) ha hecho de las estaciones lugares de conflicto. Hasta el momento 700 autobuses han resultado dañados y más de 50 taquillas destruidas.
Transmilenio, la empresa encargada de gestionar los autobuses, hasta ahora se ha negado a proteger a los trabajadores y trabajadoras, obligándolos a trabajar a pesar de que los autobuses no pueden circular durante las protestas. Esto ha sido especialmente perjudicial para el personal de las taquillas de Recaudo Bogotá, donde más del 80 por ciento son mujeres.
“La empresa ha obligado a los trabajadores y trabajadoras a permanecer en las estaciones, incluso cuando la violencia se agravó y la brutalidad policial aumentó”, comentó un trabajador. “Cuatro o cinco de nosotros estuvimos encerrados durante horas en nuestros pequeños cubículos esperando a que terminase la violencia y temiendo por nuestras vidas”.
El SNTT es parte de una coalición de sindicatos que apoya plenamente el paro nacional y la continuidad de las manifestaciones pacíficas para exigir reformas. Sin embargo, también quiere proteger a las trabajadoras y trabajadores que se ven atrapados en medio de la violencia.
“Si bien el Gobierno de Duque aceptó la necesidad de dialogar con los sindicatos nacionales, a toda costa instamos a se que evite declarar el estado de emergencia”, señaló Esteban Barboza, presidente del SNTT. Un estado de emergencia pondría a cargo a las fuerzas armadas hoy desacreditadas. “En cambio, el Gobierno debería acudir a las negociaciones del 10 de mayo de buena fe y adoptar un enfoque más conciliador para reducir la gravedad de la situación y resolver con urgencia el conflicto”.
Edgar Díaz, secretario regional de la ITF, transmitió la solidaridad de los trabajadores del transporte de todo el mundo a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, en especial a los del sector del transporte y a las organizaciones afiliadas a la ITF.
“No toleraremos ningún tipo de violencia policial, militar y paramilitar contra los trabajadores y trabajadoras que protestan pacíficamente. Los sindicatos de la ITF de América Latina y del mundo están dispuestos a brindar una solidaridad tangible a sus compañeros y compañeras en Colombia. No nos detendremos hasta que cese la violencia”, declaró Díaz.
La ITF apoya las demandas fundamentales del Comité Nacional de Paro
• El Gobierno debe garantizar y respetar la libertad de movimiento; de protesta y reunión; y de asociación de los trabajadores y las trabajadoras, tal como lo establece la Constitución.
• Desmilitarización de la respuesta policial a las protestas y procesamiento de los responsables de la violencia policial. Esto incluye trasladar el control policial del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.
• El Gobierno debe tomar acciones efectivas para hacer frente a los grupos paramilitares de derecha.
• La disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
• El Gobierno debe evitar agravar la situación declarando el estado de emergencia y, en cambio, debe negociar con el Comité Nacional de Paro.
