Organizaciones sociales y sindicatos han triunfado en la campaña de 10 meses de duración que llevaron a cabo contra la concesión del principal corredor de carreteras de Costa Rica y de sus costosos peajes.
El gobierno anunció el 22 de abril la suspensión de la concesión que entregaría el manejo de la carretera San José-San Ramón a la compañía brasileña OAS, tras una enérgica oposición por parte de los residentes del lugar y de otros grupos, como la Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transporte (UNATROPYT), afiliada a la ITF.
El anuncio se produjo después de la represión policial contra las protestas de los defensores que tuvo lugar el 11 de abril en la provincia de Alajuela contra la concesión, represión que intensificó la oposición a lo largo del corredor.
La concesión de 30 años que OAS firmó el 12 de marzo cubría las reparaciones de los 57,9 km del principal trazado de carreteras de Costa Rica. Los defensores se opusieron a la creación de cinco peajes que elevarían el coste a 8 dólares estadounidenses por viaje, lo que argumentaron era un precio demasiado alto y repercutiría sobre los precios del transporte de mercancías y de pasajeros. Manifestaron que ni el gobierno ni OAS habían llevado a cabo estudios sobre el impacto que tendría en el medio ambiente de la región y que corruptos responsables del gobierno que se beneficiarían del programa habían permitido a la compañía conseguir la concesión.
El secretario regional de ITF Américas, Antonio Fritz, comentaba: "Éste es un importante triunfo para UNATROPYT y para los demás defensores y defensoras, y demuestra que los sindicatos apoyan a las comunidades que luchan por una justicia social y económica. Esperamos que el gobierno de Costa Rica aborde ahora la concesión de una forma diferente para que proporcione beneficios en lugar de que perjudique a la gente".
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