En su declaración conjunta del 4 febrero, la ITF y los sindicatos acusan al gobierno mexicano de intentar encubrir la verdad controlando la información que aparece en los medios de comunicación y censurando en las redes sociales los testimonios de los trabajadores de Pemex.
La versión oficial del gobierno culpa de la explosión a una acumulación de hidratos de gas metano o de hidratos de gas natural en los sótanos del edificio siniestrado. Pero sindicatos y expertos de varias organizaciones, como la Universidad de México (UNAM), ponen en tela de juicio esta versión. Consideran como causas más probables —teniendo en cuenta el pésimo historial de Pemex en materia de seguridad— la inseguridad operacional y la subcontratación de trabajadores (outsourcing) en deficientes condiciones laborales.
Los sindicatos denuncian que ya se produjeron 356 muertes en accidentes ocurridos en Pemex en los últimos 25 años. Entre ellos, 30 muertes en septiembre de 2012, en un incendio en las instalaciones de gas que Pemex tiene en Reynosa; 30 personas muertas en San Martín Texmelucan, en diciembre de 2011; y 21 muertes en la colisión de la plataforma Usumacinta ocurrida en octubre de 2007. La subcontratación del personal de Pemex y la reducción de la seguridad operacional fueron denunciadas ampliamente luego de cada accidente, tanto por parte de senadores como de los medios de comunicación.
Los sindicatos afirman: “Algunas de las maniobras de contratación y prácticas laborales por parte de Pemex contribuyen claramente a que ocurran estos terribles accidentes. Pemex prefiere sustituir a trabajadores que disfrutan de condiciones laborales y capacitación dignas por mano de obra subcontratada sin capacitación y con un nivel laboral bajo. También permite tácticas corruptas, como los contratos de protección y los acuerdos colectivos firmados con sindicatos corporativos.
“Sin embargo, a pesar de que ya presentamos pruebas al Senado de México, entre otras instituciones, nada mejoró y continúan produciéndose accidentes catastróficos. El gobierno mexicano coloca claramente la privatización de Pemex por delante de la seguridad y de la eficiencia”.
“Expresamos nuestra solidaridad a las familias de estas 37 víctimas mortales que, junto a cientos de otras familias, sufren por la irresponsabilidad de Pemex. Creemos que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer las causas reales de este accidente”.
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