- En el quinto día de huelga de los camioneros surcoreanos, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) reclama la intervención urgente de la OIT y de la ONU para que el Gobierno deje de vulnerar los derechos de los trabajadores.
- Las medidas draconianas impuestas a los camioneros en huelga han sido condenadas rotundamente por la ITF, la comunidad internacional y académicos, juristas y la sociedad civil de Corea del Sur.
- Esta huelga se convoca para reivindicar el mantenimiento y la extensión de la ley por la que deben aplicarse unas tarifas de seguridad en el transporte por carretera, algo que el Gobierno prometió en junio, pero de lo que después renegó.
Ante la creciente alarma internacional que están suscitando las medidas adoptadas por el Gobierno surcoreano contra los camioneros que participan en una huelga legítima, la ITF, junto con la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU) y el Sindicato de Trabajadores de los Servicios Públicos y del Transporte de Corea (KPTU), han reclamado hoy la intervención del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación. Se les ha pedido que intervengan urgentemente para evitar graves violaciones de los derechos de los trabajadores, en nombre de los conductores que participan de esta huelga legítima.
Esta huelga nacional se inició el 24 de noviembre, a medianoche, y se prolongará hasta que el Gobierno cumpla su promesa de mantener la ley que regula unas tarifas garantes de la seguridad. El sindicato KPTU-TruckSol (División de Solidaridad con los Camioneros del Sindicato Coreano de Servicios Públicos y Transporte), afiliado a la ITF, desconvocó una huelga en junio pasado porque el el Gobierno se comprometió de hecho a mantener y extender la vigencia de la ley de las tarifas de seguridad, que garantiza a los trabajadores y las trabajadoras el cobro de una remuneración mínima y equitativa por sus servicios, que permiten garantizar la seguridad vial y reducir el número de muertes en las carreteras de Corea. La huelga actual se convocó después de que el Gobierno se retractara de sus promesas.
“Antes incluso de que comenzara la huelga, miembros del Gobierno surcoreano, incluido el propio presidente, Yoon Seok-yeol, ya la calificaron de ‘ilegal’ e ‘injustificada’, y amenazaron con presentar una demanda penal contra los trabajadores”, explica Stephen Cotton, secretario general de la ITF. “El Gobierno sopesa ahora invocar disposiciones aplicables sólo en casos de emergencia extrema, para forzar a los camioneros a reanudar su trabajo”.
“Sin embargo, esta huelga está justificada. Los trabajadores reivindican que el Gobierno mantenga la legislación de las tarifas de seguridad, que expira a finales de año, y hace más seguras las carreteras surcoreanas, no sólo para los conductores profesionales, si no también para los demás usuarios”.
El Gobierno ha desplegado un gran número de policías en los lugares en huelga. Está utilizando mano de obra de reemplazo y vehículos militares y ha anunciado que, en la reunión ministerial prevista para el 29 de noviembre, deliberará sobre la imposición de “órdenes de reanudación del trabajo” para obligar a los conductores a volver al trabajo. Los transportistas que se nieguen a retomar el volante se arriesgan a ser condenados a hasta tres años de prisión o a pagar elevadas multas. Fuentes sindicales afirman que el Gobierno podría empezar a emitir dichas órdenes a partir de mañana.
“Estas órdenes constituirían una violación extrema de las libertades civiles y del derecho a la libertad sindical”, afirma Cotton. “Su uso equivaldría a una situación de trabajo forzado. La comunidad internacional no se quedará de brazos cruzados frente a tal represión. Confiamos en que el director general de la OIT y el relator especial de la ONU comprenderán la gravedad de la situación e intervendrán rápidamente para impedir que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores”.
Corea del Sur ha ratificado el Convenio 87 de la OIT sobre los derechos de los trabajadores y el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso. Esto significa que los derechos humanos consagrados en estas normas internacionales son jurídicamente vinculantes en el país y el Gobierno no puede ignorarlos de forma flagrante.
“El Convenio 87 de la OIT protege los derechos de todos los trabajadores, incluidos los autónomos, como los conductores-propietarios miembros del TruckSol", explica Ruwan Subasinghe, director jurídico de la ITF. “Confiere a las personas el derecho a establecer y a unirse a organizaciones de su elección, como los sindicatos. El derecho a la huelga es un corolario intrínseco. Es un derecho que el Gobierno surcoreano está obligado a respetar”.
“Una orden de reincorporación al trabajo que imponga sanciones penales viola el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso. Es ridículo afirmar que la actual huelga de camioneros cumple las condiciones de una 'emergencia nacional aguda' a cuyo amparo se permite el trabajo forzoso. Se trata de una huelga legítima con objetivos razonables”.
“La Constitución de la República de Corea protege, además, la libertad de asociación y el derecho de la ciudadanía a no ser sometida a trabajos forzados. Sería descabellado que el Gobierno surcoreano violara tan flagrantemente tanto la legislación internacional, como la nacional”.
La KPTU-TruckSol ha dejado claro que sus miembros no tienen la intención de cumplir las órdenes de reincorporación al trabajo.
“Si el Gobierno desea verdaderamente que la huelga termine, debería cumplir sus promesas y permitir que la ley de las tarifas de seguridad sea permanente y se extienda a más sectores”, afirma el presidente de la KPTU-TruckSol, Bongju Lee. “Este tipo de tácticas intimidatorias no les llevará a ninguna parte”.
Contacto de prensa: media@itf.org.uk
Acerca de la ITF: La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación de sindicatos del transporte democrática, encabezada por sus organizaciones sindicales afiliadas, reconocida como la principal autoridad mundial en materia de transporte. Luchamos fervientemente para mejorar la vida laboral, conectando a sindicatos y redes de trabajadores y trabajadoras de 147 países para garantizar los derechos, la igualdad y la justicia de sus miembros. Somos la voz de casi 20 millones de hombres y mujeres que mueven el mundo.
