El transporte ferroviario podría convertirse en una de las herramientas más poderosas para revertir las crisis provocadas por la desigualdad, el cambio climático y el COVID-19, al tiempo que mantiene en movimiento la economía mundial. La infraestructura ferroviaria podría ser la columna que vertebre unas cadenas de suministro sostenibles y un nuevo modelo económico basado en las necesidades y en el bien común, en lugar de en el lucro y el interés privado.
La privatización y la subcontratación han debilitado las cadenas de suministro mundiales y, a raíz de ello, nuestra capacidad de responder a las crisis y de recuperarnos de ellas: la propiedad y la inversión públicas son los únicos medios para hacer del sector ferroviario una solución sustentable a estas crisis.
Un sector ferroviario bien financiado y democrático es uno de los grandes niveladores de la sociedad. La movilidad laboral, la salud pública y el empleo cualificado y bien remunerado aumentan cuando los Gobiernos cooperan con las organizaciones sindicales, de pasajeros y de las comunidades afectadas, en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas ferroviarios.
La privatización y la subcontratación plantean graves riesgos para la salud y la seguridad de los pasajeros y de todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios. La privatización reduce la rendición de cuentas y la transparencia públicas. Hay más probabilidad de poder vigilar, identificar y remediar las amenazas graves que se ciernen sobre la salud y la seguridad, como la transmisión del COVID-19, en sistemas de propiedad pública, donde las condiciones laborales se definen mediante la negociación colectiva.
El personal ferroviario subcontratado, incluido el personal de limpieza, de restauración y administrativo, ocupa desproporcionadamente formas atípicas, precarias e informales de empleo. Sin la suficiente estabilidad laboral y protección social, estos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a veces a trabajar estando cansados, estresados o sintiéndose enfermos. Esto conlleva riesgos elevados para la seguridad, sobre todo si el virus del COVID-19 está activo en el lugar de trabajo, la comunidad o la cadena de suministro.
Las mujeres están sobrerrepresentadas en funciones que las empresas suelen subcontratar, como la limpieza, la restauración y la administración. Esto excluye a un número desproporcionado de mujeres de las medidas de seguridad adicionales, de los niveles de remuneración más altos, de mejores términos y condiciones de trabajo, de la protección social y la negociación colectiva.
Un sistema ferroviario integrado y de propiedad pública, en el que haya reinversión, debe ocupar el centro del nuevo modelo económico. La privatización y la subcontratación son inseguras, injustas e insostenibles. La concesión de ayudas económicas a largo plazo a las empresas ferroviarias debe estar condicionada a la satisfacción de los intereses públicos, y en concreto, a la rendición de cuentas democrática, el trabajo decente y la igualdad. El tren es un servicio de interés general y debemos procurar que sea lo suficientemente sólido como para prevenir y responder a futuras crisis.
La ITF insta a los Gobiernos y a las autoridades ferroviarias a negociar con los sindicatos para:
Garantizar la salud y la seguridad del personal ferroviario y de los pasajeros y pasajeras;
- Reconocer el COVID-19 como enfermedad profesional;
- Garantizar equipos de protección individual (EPI) adecuados y apropiados y acceso a instalaciones sanitarias para todos los trabajadores y trabajadoras;[1]
- Identificar los riesgos y las nuevas presiones a las que se ven sometidos la salud, los derechos y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y elaborar e implementar respuestas en los centros de trabajo, en especial protocolos estandarizados de distanciamiento físico y medidas de protección contra la violencia en el trabajo y la segregación ocupacional de género;
- Proporcionar a todos los trabajadores y trabajadoras acceso gratuito a servicios de atención sanitaria y a test médicos, tratamiento, capacitación, equipos e instalaciones para su formación;
- Garantizar permisos remunerados, en forma de licencias por enfermedad o vacaciones, desde el primer día, para todo el personal;
- Mejorar la programación, los días de trabajo y las horas de trabajo para proteger los empleos, la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras;
Salvaguardar los derechos de los trabajadores a fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros
- Respetar el derecho a retirarse de una situación laboral que suponga un peligro inminente y grave para su vida o su salud, sin temor a represalias.
- Hacer cumplir los convenios de la OIT relativos a la libertad de asociación, la negociación colectiva, el trabajo forzoso, la discriminación, la violencia y el acoso en el trabajo, la segregación ocupacional de género y la salud y seguridad ocupacional de todos los trabajadores y las trabajadoras;
- Proteger la privacidad y la información personal de los trabajadores, y compartir con los sindicatos cualquier dato que contribuya a la toma de decisiones de las empresas;
Proteger los salarios, las condiciones laborales y los puestos de trabajo
- Garantizar íntegramente los ingresos, las condiciones laborales y el empleo de todo el personal ferroviario durante la crisis del COVID-19 y en futuras interrupciones de los servicios ferroviarios;
- Reconocer y compensar el papel clave que cumplen los trabajadores y trabajadoras del transporte mediante el aumento de las indemnizaciones y prestaciones, en especial el derecho a indemnización en caso de lesiones o muerte;
- Negociar una distribución equitativa y transparente de las repercusiones de la crisis del COVID-19 y de futuras perturbaciones que afecten a la industria;
- Poner fin a las formas de empleo precarias y atípicas en el sector ferroviario y su cadena de suministro para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los pasajeros y pasajeras;
Conseguir la sostenibilidad económica y medioambiental
- Reconocer y ejercer su deber de cuidar a todo el personal de su empresa y de la cadena de suministro; reducir la subcontratación y la externalización de los servicios y trabajos ferroviarios; y, cuando proceda,
- Aumentar la propiedad pública de los ferrocarriles y ordenar a las autoridades ferroviarias que gestionen y/o empleen directamente a todo el personal de la red ferroviaria, incluidos el personal subcontratado y contratado a través de agencias;
- Garantizar la responsabilidad democrática en la planificación, el desarrollo y el futuro del sistema ferroviario, mediante la representación de los trabajadores en las autoridades y la gerencia ferroviaria;
- Reconocer la contribución del ferrocarril a la descarbonización, mediante inversiones en electrificación, en el marco de los objetivos, políticas, estrategias y gastos destinados al medio ambiente y a la descarbonización;
- Promover el transporte justo, que incluya la fijación de precios e impuestos equitativos para todo el sistema de transporte y la cadena de suministro;
- Negociar colectivamente con los sindicatos la introducción o nuevo uso de tecnologías y datos, o los cambios en la tecnología existente en la red ferroviaria; y
- Reinvertir los beneficios en la reducción de la deuda, la modernización del sistema ferroviario, la formación del personal, la educación, las evaluaciones del impacto de género y las medidas que aumenten la sostenibilidad a largo plazo del sistema ferroviario.
Estas medidas deben aplicarse a todo el personal ferroviario y a todo el personal de la cadena de suministro del sector, independientemente de la descripción de su puesto de trabajo, sus disposiciones contractuales o su situación laboral y teniendo en cuenta las diferencias de género y situación migratoria.
[1] Ver https://www.itfglobal.org/es/focus/covid-19/reivindicaciones-mundiales
https://www.itfglobal.org/en/news/public-transport-workers-worldwide-demand-protection-covid-19 orientación adicional sobre EPI suficientes y apropiados, medidas de salud y seguridad e instalaciones sanitarias [en inglés].
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