El veredicto de culpabilidad dictado hoy contra 13 dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRUT) constituye un grave error judicial y un descarado ataque a los derechos de los trabajadores. Se ha inculpado y condenado a tres años de prisión a estos dirigentes sindicales por el mero hecho de sacar a la luz la inseguridad laboral que aqueja al sistema ferroviario tailandés. Sus esfuerzos por conseguir que los trenes tailandeses sean más seguros para los trabajadores y los pasajeros son dignos de aplauso, no de persecución judicial.
La compañía Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT) decidió perseguir judicialmente sin piedad a estos trabajadores del SRUT, cuyo único delito fue llevar a cabo una campaña nacional reivindicando la seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento fatal de un tren ocurrido en octubre de 2009 en la estación de Khao Tao. El proceso se ha visto también enturbiado por el revanchismo general de las autoridades, incluida la Oficina de la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC).
Los dirigentes del SRUT son el chivo expiatorio de un accidente ocurrido debido a la falta de mantenimiento y el estado de la locomotora, según las conclusiones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia como de una investigación interna. Las autoridades tailandesas lanzaron falsas acusaciones contra estos trabajadores con el objetivo de desviar la atención de su propia incompetencia a la hora de garantizar la seguridad del sistema ferroviario.
Es de lamentar que se haya utilizado el mandato de la NACC para socavar las legítimas actividades sindicales y los principios de la libertad de asociación. En lugar de arruinar innecesariamente la vida de los trabajadores del SRUT y sus familias, la compañía ferroviaria estatal tailandesa y la NACC deberían apoyar sus esfuerzos por mejorar la seguridad ferroviaria.
Desde noviembre de 2018 se han deducido los salarios mensuales de siete dirigentes del SRUT para pagar a la SRT una sanción por valor de 24 millones de bahts (726 116 USD), que le fue impuesta al sindicato por la iniciativa adoptada en 2009, en virtud de la decisión tomada por el Tribunal Supremo del Trabajo en 2017. Se trata de un castigo colectivo infligido a estos trabajadores y sus familias. La compañía ferroviaria debe retirar las multas y reembolsar el dinero a los siete dirigentes del SRUT. También debe garantizar que los dirigentes del SRUT reciban una indemnización completa por los salarios y prestaciones no percibidos desde su reincorporación. La ITF y la CSI continuarán apoyando a los 13 dirigentes del SRUT y a sus familias, que han presentado recurso contra esta sentencia.
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