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Inspectores de la ITF ayudan a la tripulación del 'Polar Star' a volver a casa

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Los marinos, de Rusia y Lituania, formaban parte de la tripulación que se enroló en este buque en mayo y junio, en Las Palmas. Fueron contratados por Allan Skovlund, director gerente de Danica Crewing y consejero delegado de Danavis Marine, para comenzar los trabajos de reparación durante tres semanas, antes de zarpar hacia el puerto de Klaipeda, en Lituania, para terminar allí las reparaciones.

La realidad fue bien distinta: se vieron envueltos en un conflicto entre el astillero Astican y el grupo de inversión londinense Chinati Management Corporation, que estaba en proceso de compra del buque a su propietario canadiense , 3264741 Nova Scotia Limited.

Los trabajos de reparación se interrumpieron porque las piezas no llegaban. Se limitó el acceso a los víveres y otros suministros de la tripulación, que tampoco no podía abandonar el buque, y se restringió el acceso al mismo. Los hombres pidieron ayuda al inspector de la ITF en Las Palmas, Gonzalo Galán, que logró negociar el suministro de víveres y el acceso a la embarcación.

A pesar de que Chinati Management Corporation dio garantías de que pagaría los salarios de julio, nada se materializó y algunos miembros de la tripulación decidieron tirar la toalla y costearse ellos mismos su repatriación. Cinco de ellos decidieron quedarse a bordo, mientras la ITF negociaba con el armador en su nombre. El 24 de agosto, el propietario acordó repatriarles y el 29 de agosto los marinos volaron por fin de vuelta a casa.

Gonzalo Galán afirmó: "Ha sido un alivio para la tripulación poder volver a casa, pero aún no les han pagado".

"La Cornwallis Financial Corporation, que representa a 3264741 Nova Scotia Limited, prometió a nuestro inspector de Halifax, Canadá, que no completarán la venta del buque hasta que se hayan abonado todos los salarios de la tripulación. Continuaremos trabajando sobre ello".

El Polar Star fue utilizado en expediciones polares y abandonado en el astillero Astican Shipyard de Las Palmas en 2011, con facturas por reparaciones pendientes de pago que se elevan a 1,6 millones de dólares.

 

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