El transporte genera el 21 % de las emisiones de carbono. Además, el 95 % de la energía que consume el sector aún proviene del petróleo y de otros combustibles fósiles (a fecha de 2015). Es una cruda realidad, pero estas cifras deben cambiar con urgencia. La misma supervivencia de la raza humana depende de ello.
La situación se está volviendo desesperada, según un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado el 9 de agosto de 2021. Si no se adoptan medidas urgentes, la temperatura media mundial aumentará 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales de aquí a 2040. Esto supone un punto de inflexión más allá del cual el cambio climático podría resultar irreversible.
Los informes del IPCC, que se publican cada siete años, llevan sentando las bases científicas de los tratados y las políticas internacionales sobre el clima desde 1990. Su mensaje nunca ha sido más claro ni más urgente que en la presente edición: vamos camino de llegar al punto de no retorno diez años antes de lo indicado en la anterior modelización.
Debemos tener en cuenta la advertencia del IPCC y adoptar una amplia estrategia mundial para lograr un futuro sostenible con cero emisiones de carbono. Debemos hacerlo ya. Y el transporte va a contribuir mucho a tal fin. Es probable que la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en noviembre en Glasgow, responda con metas más estrictas, y el personal del sector del transporte debe estar preparado para actuar.
Una transición justa
La transición a un sector del transporte descarbonizado se debe gestionar cuidadosamente para garantizar que sea equitativa para el personal y los pasajeros y pasajeras. Las empresas de transporte deben ser parte de la solución. El transporte —por carretera, aéreo, marítimo y ferroviario— no solo necesita fuentes de energía más limpias, sino que también debe replantearse el modo de hacer negocios. El transporte es un bien público: no puede moverse por intereses comerciales a corto plazo. Necesita una política coordinada en la que los Gobiernos de todo el mundo antepongan el transporte público sostenible a los beneficios.
El cambio a los combustibles verdes debe ir acompañado de inversiones en infraestructura, lo cual exige la intervención de los Gobiernos y una supervisión democrática. Durante demasiado tiempo, los intereses privados que se apoyan en el uso de los combustibles fósiles y la actitud cortoplacista que favorece el statu quo han retrasado los cambios necesarios y nos han llevado al borde del colapso medioambiental.
Para poder abordar con éxito el cambio climático, las políticas energéticas deben tener una base democrática. Un ejemplo es el enfoque de la ITF con respecto al transporte público: hace falta replantearse el transporte en las zonas urbanas. El informe del IPCC pone de relieve las considerables emisiones de CO2 que se generan en las ciudades. Gran parte de esa huella de carbono viene determinada por el medio de transporte urbano elegido. Debe aumentarse la financiación del transporte público, los sistemas de transporte colectivo deberían ampliarse, y las comunidades han de participar en el desarrollo estratégico del transporte urbano.
Y los trabajadores y las trabajadoras deben estar en el centro de ese proceso.
El personal tiene los conocimientos necesarios
El personal del transporte está en primera línea de los desastres climáticos. Muchos de los eventos catastróficos descritos en el informe del IPCC (olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos o sequías) ya están afectando al transporte en 2021. La gente de mar de Grecia y Turquía ha estado evacuando a residentes en peligro durante los devastadores incendios forestales de este verano. El personal de los metros de Londres, Zhengzhou y la ciudad de Nueva York se ha enfrentado a enormes inundaciones en los túneles y ha ayudado a mitigar los daños y la pérdida de vidas. Los incendios y los aludes de lodo han afectado gravemente a distintas rutas en zonas del oeste de los Estados Unidos.
En todo el mundo, los trabajadores y las trabajadoras del transporte están arriesgando sus vidas. Además, como se señala en el informe del IPCC, estos eventos han dejado de ser extraordinarios. Es probable que aumenten la frecuencia y la gravedad de los desastres climáticos.
El personal del transporte debe ocupar un lugar central en el proceso de desarrollo de políticas y sistemas sostenibles precisamente porque cuenta con esta clase de conocimiento de primera mano. No debemos dejar que estas cuestiones se decidan en salas de juntas y oficinas gubernamentales, ya que sus ocupantes ya nos han fallado anteriormente. El cambio debe producirse como parte de una transición justa a una economía más ecológica, basada en empleos sindicalizados de alta calidad, el acceso a la formación y un pleno respaldo social.
Debe difundirse ampliamente el apoyo financiero y tecnológico, en particular en el Sur Global, para que el transporte pueda cumplir sus obligaciones en materia ecológica y producir resultados justos —tanto para quienes trabajan en el sector como para las personas de a pie que utilizan el transporte público—. Si queremos tener éxito, los trabajadores y las trabajadoras deben participar en la toma de decisiones. Las inversiones de los Gobiernos deben estar orientadas por personal con conocimientos prácticos del transporte y de cuestiones medioambientales. Además, debemos invertir en el desarrollo de estas aptitudes, en especial por parte de la juventud y las mujeres trabajadoras.
Se espera la publicación de dos informes más del IPCC en 2022, uno sobre las repercusiones sociales y económicas de la crisis y otro sobre los métodos para combatir el cambio climático. Aunque estos documentos nos ayudarán a ver el camino que debemos seguir, la puesta en marcha de los planes dependerá de que los trabajadores y las trabajadoras del transporte ocupen un lugar central en la toma de decisiones. Los sindicatos del transporte deben tener un mayor protagonismo en los organismos de la ONU que regulan el transporte y realizar una mayor aportación a los planes nacionales que surjan de la COP26 de Glasgow.
