En el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Yoon, el Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, expresa su profunda preocupación por los recientes ataques, el acoso judicial y la injerencia contra las actividades legítimas de los sindicatos y los derechos laborales en Corea del Sur.
Es inaceptable que continúe esta represión por parte de Corea del Sur pese a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y haber ratificado hace dos años los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) núm.87, sobre la libertad sindical, y núm. 98, sobre la negociación colectiva.
El Primero de Mayo, Yang Hoe-Dong, responsable de distrito del Sindicato Coreano de Trabajadores de la Construcción (KCWU), murió trágicamente tras prenderse fuego para protestar por el acoso de las autoridades gubernamentales a los sindicalistas. Yang, que había sido una de las víctimas de dicho acoso, falleció por complicaciones derivadas de sus graves quemaduras.
Antes de inmolarse, Yang dejó un mensaje en el que decía que, a pesar de haber cumplido sus funciones sindicales respetando la legalidad, lo habían acusado de obstrucción de la actividad empresarial, coacción y extorsión. Su inmolación nos retrotrae a los años más oscuros de la historia de la lucha obrera en Corea del Sur.
Las falsas imputaciones de coacción y extorsión contra sindicalistas derivan de la política antisindical del Gobierno del presidente Yoon Suk-yeol, que aborda las relaciones laborales desdeñando el diálogo social y recurriendo a las fuerzas policiales. En el sector de la construcción, la policía inició una investigación especial contra los sindicatos, con el único fin de criminalizar las actividades sindicales ordinarias. Siguiendo la lógica del lenguaje antisindical utilizado por el presidente, que compara a los sindicatos de la construcción con delincuentes organizados, la policía procedió intencionadamente a desprestigiar al sindicato y devastar la dignidad de los dirigentes sindicales. Yang fue uno de los 950 responsables sindicales citados por la policía durante la investigación especial, 16 de los cuales siguen detenidos por tales cargos penales.
La represión antisindical del Gobierno no se limita al sector de la construcción: las restricciones que impone la legislación laboral suponen la criminalización de actividades sindicales cotidianas. Por ejemplo, una huelga de camioneros fue declarada ilegal en noviembre de 2022. La constructora naval Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) reclamó judicialmente 47 000 millones de KRW (unos 35,6 millones de dólares estadounidenses o 32,3 millones de euros) a cinco dirigentes sindicales por no alcanzar sus objetivos de producción durante una huelga, una clara represalia para intimidar a los trabajadores subcontratados y evitar que ejerzan sus derechos sindicales fundamentales.
A pesar de las recomendaciones explícitas de la OIT, los órganos de los tratados de la ONU y el grupo de expertos creado en el marco del acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea, el Gobierno sigue bloqueando cualquier modificación de la ley sobre los sindicatos y las relaciones laborales para adaptarla a las normas internacionales.
Además, la Administración de Yoon ha iniciado una campaña sistemática de desprestigio de los sindicatos, basada en acusaciones infundadas de corrupción e irregularidades administrativas. El CGU observa con enorme preocupación que las autoridades están interfiriendo en la gestión y las actividades de los sindicatos, exigiendo la presentación de copias de los presupuestos sindicales y la modificación de sus estatutos. Se trata de graves vulneraciones del derecho a la libertad sindical recogido en el Convenio 87 de la OIT.
La retórica antisindical del presidente Yoon Suk-yeol y el uso ilegítimo de fiscales y policías para atacar a los sindicatos se están dejando sentir en todo el país, donde se están registrando ataques cada vez más violentos contra los sindicalistas en los lugares de trabajo. El 4 de mayo de 2023, un directivo de ILJIN Hysolus, proveedor de Hyundai Motor y BMW, embistió con su coche a un grupo de dirigentes de un sindicato local, atropellando a tres de ellos y causando heridas graves al vicepresidente.
El CGU condena la criminalización de las actividades sindicales y las redadas de la policía a las oficinas sindicales ordenadas por la Administración de Yoon. Instamos al Gobierno surcoreano a que cumpla sus obligaciones internacionales, respete plenamente los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva y ponga fin a su represión del movimiento sindical del país.
El CGU exige la liberación de los trabajadores y trabajadoras detenidos por ejercer sus derechos sindicales fundamentales y la retirada de todos los cargos contra ellos. Además, exhortamos al Gobierno a poner fin a todos los actos de difamación y criminalización contra los sindicalistas, que socavan la estabilidad de las relaciones laborales y crean un clima de miedo e intimidación entre los trabajadores y las trabajadoras por ejercer los derechos consagrados en la legislación nacional e internacional.
Sindicalizarse es un derecho, no un delito.
El CGU apoya al movimiento sindical surcoreano en su lucha por la libertad y la justicia y envía sus condolencias a la esposa e hijos de Yang Hoe-Dong, además de a su familia sindical.
