Los sindicatos de Centroamérica afiliados a la ITF han llevado a cabo acciones de solidaridad en embajadas hondureñas en defensa de los derechos humanos y sindicales de los trabajadores y de las trabajadoras de Puerto Cortés.
Desde el golpe de estado que tuvo lugar en Honduras en 2012, los trabajadores y las trabajadoras portuarios han informado de un proceso de militarización en el puerto, que aparentemente tenía como objetivo forzar la privatización total o parcial de Puerto Cortés. El 1 de febrero de 2013, el gobierno anunció oficialmente la concesión del puerto al consorcio de capital filipino International Container Terminal Services, aunque hay en marcha procesos judiciales por parte de diferentes organizaciones, como el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria (SITRAENP) afiliado a la ITF.
Honduras ha ratificado los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. No obstante, los sindicatos afiliados a la ITF, SITRAENP y el Sindicato Gremial de Trabajadores del Muelle (SGTM), han indicado repetidamente que el gobierno hondureño está violando estos convenios.
Teniendo en cuenta estas alegaciones de violaciones de los convenios y la negativa del gobierno a negociar con los sindicatos, los sindicatos afiliados a la ITF de Centroamérica decidieron llevar a cabo acciones de solidaridad ante las embajadas de Honduras de la región; presentaron un documento pidiendo respetar la libertad sindical y el actual convenio colectivo, y expresaron su oposición a la privatización unilateral de los servicios portuarios.
Las movilizaciones se llevaron a cabo simultáneamente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Unos/as cuantos/as miembros se reunieron con cónsules y con representantes de las embajadas; los medios de comunicación de la región difundieron ampliamente las actividades.
Antonio Fritz, secretario regional de la ITF Américas, señalaba: “Se han llevado a cabo procesos similares de privatización a espaldas del sindicato y, como consecuencia, se han producido efectos perjudiciales, como aumentos de las tarifas portuarias que afectaron a los usuarios de los puertos y redujeron los principios laborales de los trabajadores portuarios, resultando en problemas sociales importantes para la comunidad local. Consideramos que debería darse un proceso de diálogo sincero y transparente que cumpla con la legislación nacional y con los Convenios de la OIT”.
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