Una delegación de sindicatos marítimos internacionales instó al Gobierno de Morrison a frenar el declive de la industria marítima nacional y a crear una nueva flota estratégica que contribuya a aumentar la capacidad de respuesta de Australia ante situaciones de emergencia, como las provocadas por desastres naturales, y para proteger los intereses económicos, medioambientales, de combustible y de seguridad nacional del país.
La delegación internacional —formada por representantes de sindicatos de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido— compareció ante la Comisión de Investigación del Senado del Comité de Asuntos Rurales y Regionales y de Transporte, que aborda las prioridades políticas, normativas, fiscales, administrativas y de financiación del transporte marítimo australiano en el Parlamento en Camberra.
La comparecencia comenzó con una expresión de solidaridad y apoyo al pueblo australiano por la trágica pérdida de vidas y bienes y por los daños catastróficos sufridos por el singular entorno natural de Australia a causa de los devastadores incendios forestales que han asolado toda esa región, y con el reconocimiento de la importancia que reviste la respuesta marítima de emergencia ante crisis como esta.
Los dirigentes sindicales e investigadores presentaron al comité detalles sobre las leyes de cabotaje marítimo vigentes en numerosos países del mundo. Argumentaron por qué es importante que Australia cuente con una industria marítima nacional sólida, que propicie salvaguardar la seguridad económica y nacional del país, crear puestos de trabajo, proteger el medio ambiente y prestar asistencia de emergencia durante los desastres naturales.
Un total de 91 países, que representan el 80 % de los Estados marítimos costeros de las Naciones Unidas, tiene leyes de cabotaje en vigor que limitan la actividad marítima extranjera en sus relaciones comerciales costeras nacionales.
Jim Given, presidente de la Unión Internacional de Gente de Mar de Canadá y presidente del Grupo de Trabajo sobre Cabotaje de la ITF, subrayó ante el Comité de Investigación del Senado: “El motivo de nuestra comparecencia ante ustedes hoy es discutir la importancia de mantener y revitalizar una industria marítima nacional”.
“Se me recuerda a menudo lo cruciales que son la Ley de Comercio Costero de Canadá y la Ley Jones estadounidense para el éxito general de nuestras industrias marítimas y su enorme contribución a la economía de Canadá y de los Estados Unidos de América. Para nuestros colegas de Europa, África, Asia y Australia, estas leyes son el referente en materia de protección de los derechos de la gente de mar y la seguridad de nuestras industrias marítimas nacionales. Una normativa sólida que regule el cabotaje no solo garantiza que la gente de mar nacional conserve sus empleos, sino que también actúa como un potente catalizador del crecimiento económico de los países que cuentan con tales políticas”, dijo Given.
Dave Heindel, secretario-tesorero de la Unión Internacional de Gente de Mar de Norteamérica y presidente de la Sección de Gente de Mar de la ITF, también subrayó los beneficios económicos para la industria marítima estadounidense.
“Nuestras leyes nacionales sobre el cabotaje marítimo propiciaron la construcción de 40.000 buques estadounidenses en astilleros de los Estados Unidos. Proporcionan aproximadamente 650.000 puestos de trabajo permanentes en Estados Unidos, con remuneraciones a la mano de obra de 41.000 millones de dólares, y, en última instancia, contribuyen con 150.000 millones de dólares al rendimiento económico anual”.
Heindel también informó al Comité de Investigación del Senado que los beneficios de las estrictas leyes de cabotaje de los EE. UU. no se limitan a la seguridad económica y nacional: la Ley Jones también contribuye a la protección de las fronteras estadounidenses en tiempos de guerra, de emergencia nacional o incluso en tiempos de paz.
Además, se insistió en que el cabotaje proporciona puestos de trabajo a la gente de mar originaria del país y también protege a la gente de mar extranjera frente a la explotación que supone la liberalización de la industria del transporte marítimo mundial y de los buques con bandera de conveniencia, cuyos propietarios suelen pagar salarios inferiores a los normales y no respetan las leyes de seguridad.
“La mayoría de los armadores quieren ganar tanto dinero como sea posible, por lo que, si pueden, recurrirán a tripulaciones más baratas. Son muchos los armadores noruegos que han cambiado las banderas de sus buques, y este problema ha ido en aumento”, declaró Johnny Hansen, presidente del Sindicato Noruego de Gente de Mar.
La coordinadora de la Sección Marítima de la ITF, Jacqueline Smith, explicó a los senadores que los únicos que se benefician de los buques con bandera de conveniencia son los armadores. La delegación también contrarrestó los argumentos simples de quienes se oponen a las leyes de cabotaje porque estas permiten a las compañías navieras nacionales cobrar tarifas más altas y esos costos podrían trasladarse a los consumidores.
“¿Cuál es el auténtico precio en el que debemos fijarnos? ¿El precio para la compañía de transporte o el precio que deberá pagar Australia? Como políticos, y como responsables de la comunidad del país, ¿no es más importante el pueblo que los beneficios? Porque la cuestión se reduce a eso”, dijo Given, quien afirmó que el Gobierno de Morrison debe examinar las leyes a través del prisma de los empleos locales, la seguridad nacional, la seguridad del combustible y la protección del medio ambiente que proporcionan.
La delegación también confirmó el llamamiento de los sindicatos marítimos presentes en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Cabotaje de la ITF, celebrada en Sídney la semana pasada, para proceder de inmediato a comprar el Aurora Australis, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta australiana ante las catástrofes, como primer paso para la creación de una flota estratégica de buques con tripulación australiana y la revitalización de la industria marítima nacional.
Comparecieron ante el Comité de Investigación del Senado los siguientes oradores y oradoras:
- Deirdre Fitzpatrick, directora ejecutiva, Seafarers’ Rights International (SRI)
- Dave Heindel, secretario-tesorero, Unión Internacional de Gente de Mar de Norteamérica (SIUNA)
- Jim Given, presidente, Unión Internacional de Gente de Mar de Canadá (SIUC)
- Johnny Hansen, presidente, Sindicato Noruego de Gente de Mar (NSU)
- Joe Fleetwood, secretario nacional, Sindicato Marítimo de Nueva Zelanda (MUNZ)
- Jacqueline Smith, coordinadora marítima, Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF)
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