La semana pasada se celebró el 65.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. El tema prioritario de este año fue “la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. A continuación pueden leer la declaración de la ITF:
“En nombre del Comité de las Mujeres de la ITF y de los millones de trabajadoras del transporte a las que representamos, nos gustaría aprovechar la celebración del 65.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas para plantear medidas de erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la «vida pública», que consideramos más amplio que el de la «vida política».
El lugar de trabajo suele ser el primer sitio —y en ocasiones el único— donde muchas mujeres tienen la posibilidad de participar en la vida pública. Sin embargo, la violencia que padecen en el lugar de trabajo puede influir en su disposición a seguir implicándose en esta vida pública. La independencia económica que consiguen a través del trabajo remunerado también resulta fundamental para que puedan plantearse su participación.
Las federaciones sindicales de todo el mundo reivindican que los Gobiernos ratifiquen con carácter urgente y apliquen de forma efectiva el Convenio 190 de la OIT (C190), destinado a erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia por razón de género.
El C190 reconoce los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo como parte del mundo del trabajo y los incluye en su ámbito de aplicación, señalando así la obligación que tienen los Gobiernos de velar por la seguridad de estos espacios, a menudo públicos.
El riesgo de violencia que existe en todos los espacios públicos influye en las decisiones que toma cada mujer en relación con su participación cotidiana en la vida pública. Que las mujeres obtengan su derecho a la libertad de movilidad depende en gran medida de la seguridad del transporte público. Este es especialmente el caso de las mujeres en situación de pobreza. Además, este derecho actúa como llave de paso de otros muchos: al trabajo, a la educación, a la asistencia sanitaria, etc.
El C190 es una herramienta clave para garantizar la representación de las mujeres en todos los niveles de la administración pública, incluidos los siguientes:
- los gobiernos municipales y locales, de modo que el urbanismo se ponga al servicio de la seguridad de las mujeres en su acceso a los espacios públicos;
- entre los inspectores de trabajo, donde se requiere una correcta representación de mujeres para garantizar la implicación con los problemas laborales de estas.
Los sindicatos cumplen una función clave como portavoces de las mujeres. Las federaciones sindicales de todo el mundo han implantado programas de defensoras de las mujeres en los lugares de trabajo para ofrecer a las mujeres un espacio donde sentirse a salvo para plantear quejas y obtener ayuda y apoyo. Se debe reconocer esta labor esencial que llevan a cabo los sindicatos con un mayor amparo en la legislación nacional, tanto para los sindicatos como para sus representantes y el trabajo que realizan.
En el fortalecimiento del activismo colectivo e individual de las mujeres, los sindicatos también forman parte del sistema político del que se habló durante las sesiones. Los sindicatos han de esforzarse más por integrar a las mujeres en sus estructuras y programas.
Destacamos en particular a aquellas representantes sindicales y de los trabajadores que defienden los derechos humanos y que padecen o están expuestas a amenazas y violencia de género como consecuencia de su participación en la vida pública.
Esperamos que la Comisión exija la ratificación generalizada inmediata del C190 como un primer e importante paso hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres”.
