El secretario general de la ITF, Steve Cotton, se dirigió por escrito el 17 de marzo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablarle del responsable de los controladores aéreos, Roman Dunaev, del controlador aéreo, Alexander Kruglov y de la controladora aérea en periodo de aprendizaje, Svetlana Krivsun, los cuales, inmediatamente después del accidente, fueron acusados de ‘causar múltiples muertes por negligencia al infringir las normas de seguridad aérea’.
Cotton advirtió de que la ITF seguiría la situación de cerca y alentaría a sus organizaciones sindicales afiliadas a ofrecer su solidaridad si los cargos no eran retirados.
Cotton calificó de “maniobra escandalosa, cuando menos” la pública identificación de los tres controladores y la acusación de delitos penales presentada en las primeras fases de la investigación antes de contar con algún resultado oficial. Manifestó que “esto también ha puesto en peligro la posibilidad de establecer un equilibrio entre dos objetivos igualmente relevantes: la seguridad aérea y la administración de justicia”, que crearía un clima de alarma entre los controladores aéreos, los cuales llegarían a temer que cualquier incidente o accidente podría resultar en un proceso penal.
La comisión técnica ha establecido las causas preliminares del accidente y la ITF cree que su informe no revela ninguna sugerencia de intención de actuar de forma inapropiada por parte de los controladores aéreos. Cotton afirmó que estos resultados provisionales demostraron que estas acusaciones contradecían el compromiso que tiene Rusia con la Organización Internacional de Aviación Civil en lo que respecta a la cultura de la equidad.
La iniciativa de cultura de la equidad fomenta la creación de un ambiente en el que los empleados/as puedan denunciar incidentes y en el que se pongan en práctica los procesos necesarios de investigación y de elaboración de acciones preventivas.
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