Este artículo apareció originalmente en In These Times.
El sindicato de estibadores International Longshore and Warehouse Union (ILWU) se está enfrentando a una crisis existencial.
Fundado por el icónico militante sindical Harry Bridges, la ILWU se ha labrado la reputación de ser el sindicato de la costa oeste que no permite que lo mangoneen y que esgrime paros laborales, entre otras tácticas, tanto para proteger sus empleos y prestaciones como para oponerse a la guerra y al racismo.
Un jurado federal de Portland (Oregón) ordenó en noviembre a la ILWU pagar 93,6 millones de dólares a la filial estadounidense de la multinacional filipina International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), que hace un tiempo operaba una terminal de Portland. El origen del caso es un intrincado conflicto jurisdiccional entre dos sindicatos. En 2012, la sección local de la ILWU inició una serie de acciones de trabajo a desgano, como medida de protesta contra la exclusión de su convenio colectivo de dos empleos que implicaban la manipulación de contenedores refrigerados (y del equipo eléctrico de los mismos). Estos dos empleos portuarios estaban representados por el sindicato de electricistas, la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW). La multinacional ICTSI demandó a la ILWU, alegando que las medidas de trabajo a desgano equivalían a un boicot secundario ilegal y que los años de lucha del sindicato habían supuesto un duro golpe económico para la empresa. El jurado se puso del lado de ICTSI.
La ILWU posee activos por valor de ocho millones de dólares, según los datos más reciente presentados ante el Departamento de Trabajo (su Local 8, que es el involucrado en la demanda, posee un total de 386.000 dólares en activos, según los datos presentados ante el Departamento de Trabajo). Ni que decir tiene que la sentencia, de ser confirmada por el juez en la vista que se celebrará en febrero, llevará al sindicato, casi con certeza, a la quiebra.
Aunque los responsables afirman que esto no tiene por qué suponer el fin del sindicato, su reestructuración limitaría, con toda probabilidad, su capacidad de gestionar la representación y organización de los trabajadores y las trabajadoras. El presidente del sindicato, Willie Adams, dijo a través de un mensaje publicado en el periódico del sindicato, Dispatcher: “Esperamos que el tribunal revise el veredicto y explore un resultado diferente, que sea más justo y coherente con las pruebas. Si eso no sucede, cabe la posibilidad de que pidamos protección al tribunal federal, para reorganizar nuestras finanzas bajo las protecciones que facilita el tribunal federal de quiebras. Aunque nadie quiere dar este paso, podría ser la mejor manera de proteger a la ILWU y de retornar a la viabilidad económica lo antes posible”.
Los sindicalistas marítimos no salen de su asombro ante la presencia en este caso de ICTSI, uno de los operadores portuarios más notorios del mercado, que no duda en sacar réditos de la guerra, la miseria y la explotación laboral. La noticia de que ICTSI está tratando de destruir a un sindicato concuerda con la alarmante reputación que se ha labrado en todo el mundo, socavando los derechos de los trabajadores y explotando los bajos salarios y las malas condiciones laborales para engrosar sus arcas.
Un quebrantador internacional de los derechos sindicales
ICTSI tiene un largo historial de acusaciones de abusos laborales en todo el mundo. A partir de 2017, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la alianza mundial de los sindicatos del transporte, intervino en lo que calificó una grave vulneración de las normas laborales por parte del ICTSI, el operador del puerto de Tanjung Priok, en la capital indonesia de Yakarta. Concretamente, los activistas sindicales denunciaron que la terminal gestionada por ICTSI pagaba salarios un 15 % inferiores a los de otros operadores portuarios cercanos. La ITF también alegó que la empresa infringía la legislación laboral indonesia, al seguir subcontratando mano de obra en contra de las órdenes del Gobierno y no pagar las horas extraordinarias. Como dijo en su momento un dirigente sindical indonesio, Didik Noryanto, “Los trabajadores del puerto ICTSI esperan que el Gobierno indonesio demuestre su liderazgo y se implique en la defensa de los derechos humanos fundamentales de estos trabajadores, ya que ICTSI está llevando a cabo una agresiva campaña para reducir sus salarios y condiciones”.
Estas preocupaciones llevaron a la Unión Marítima de Australia (MUA), a finales de 2017, a encabezar un bloqueo de varias semanas de duración de las terminales del puerto de Melbourne gestionadas por ICTSI, alegando específicamente que una empresa con tan mala reputación entre los sindicatos de la ITF no tenía cabida en Australia. Paddy Crumlin, responsable de los portuarios en la ITF, afirmó entonces: “Todo el mundo es consciente de las tácticas destructivas de ICTSI y no lo acepta más”.
Crumlin describió el historial de irregularidades de ICTSI contra los sindicatos como un “cáncer” que se está extendiendo por todo el mundo. De hecho, ese mismo año, The Guardian reveló las tácticas antisindicales y los bajos salarios en el principal puerto de Madagascar, también gestionado por ICTSI. Este drama, una vez más, llegó a Australia, donde ICTSI pretendía aumentar su presencia. En 2018, la ITF exigió una investigación de la compañía después de que se le adjudicara la terminal de Webb Dock, en el puerto de Melbourne. La ITF también planteó a los accionistas de ICTSI su preocupación por las tácticas antisindicales de la empresa en Madagascar y los instó a expulsar a dos miembros de la junta directiva por no haber controlado las operaciones de la empresa en lugares como Madagascar, donde, según la revista especializada Maritime Executive, la ITF dijo que “las huelgas y las protestas de los transportistas han provocado retrasos, y algunos buques han debido permanecer anclados durante semanas sin un muelle donde atracar”.
Explotar la miseria
Para captar plenamente la sombría reputación que tiene ICTSI en el sector de la gestión portuaria, debemos fijarnos en su modelo de negocio, que específicamente convierte la miseria económica y la falta total de gobernanza democrática en una ventaja empresarial. Para entender este modelo de negocio, hay que entender a su presidente y consejero delegado, Enrique Razon.
Razon es una de las personas más ricas de Filipinas, con un patrimonio neto estimado de más de 5.000 millones de dólares, y heredero de la industria portuaria. Su abuelo se trasladó de España a Manila para establecer su principal puerto. A partir de ahí, Razon amasó su fortuna naviera —y su notoriedad— principalmente abalanzándose para hacer negocios en países tan indeseables desde el punto de vista de los derechos humanos que no tenía que entrar en guerras de ofertas con rivales, y así pudo hacerse con un cuasi monopolio. En 2015, dijo a los inversores: “Soy muy optimista respecto a Irán, Congo y Camboya... Se puede decir que, si inviertes hoy en malos lugares, con el tiempo, ganarás sin competencia”.
A Razon le gusta sobre todo instalarse en el África subsahariana, donde se le acusa de utilizar tácticas para acabar con los sindicatos en Madagascar. Razon destacó, por ejemplo, que la desesperación por la falta de infraestructuras le permite cobrar tarifas más altas. En 2014, en declaraciones al Wall Street Journal, dijo: “Conclusión: Los beneficios son mejores allí; el negocio de la manipulación arroja altos rendimientos. En Yantai [China], cobramos unos 45-50 dólares por manipular una caja en nuestra terminal. El mismo contenedor en África sube fácilmente a 200-250 dólares”.
Crumlin lo expresó con crudeza en una declaración publicada en agosto de 2018: “Este modelo de negocio prioriza deliberadamente la inversión en países donde los derechos humanos y laborales son más vulnerables y la asociación con algunos de los peores regímenes antidemocráticos implicados en crímenes contra la humanidad”.
Quizás las operaciones más intrigantes de ICTSI han tenido lugar en la República Democrática del Congo, un país con deficientes infraestructuras de carreteras pavimentadas y de transporte ferroviario. El río Congo es la principal vía de transporte de mercancías de este país, el segundo más grande de África en términos de superficie. En diciembre pasado, ICTSI anunció que gastaría 100 millones de dólares en duplicar el volumen de contenedores de sus operaciones portuarias en Matadi, cuya empresa portuaria controla, ya que posee la mayoría de las acciones. El 10 % de esa empresa es de la Société Congolaise des Transports et des Ports, de propiedad estatal. Para la ITF, esto significa que ICTSI no se limita a comerciar con un régimen corrupto, sino que está inextricablemente ligada al régimen del presidente Joseph Kabila, que la ITF califica en su sitio web ICTSI Exposed como “una de las peores cleptocracias del mundo”.
Hoy en día, el imperio empresarial de Razon incluye casinos —que él, a modo de broma, llama su trabajo nocturno—. Pero la división de juegos de azar que posee no es menos sórdida. En 2016, unos ladrones cibernéticos sustrajeron 81 millones de dólares de la cuenta estadounidense del banco central de Bangladés en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de los cuales 29 millones fueron a parar a una cuenta de Solaire, una de las filiales de juego propiedad de Razon. Este insistió en que el escándalo apenas dañó la reputación de su negocio.
La resistencia de los trabajadores australianos a que ICTSI opere en sus puertos se basa en el temor de que esta empresa, en su afán por expandir su presencia en todo el mundo, socave los estándares de los estibadores del país. A los sindicatos australianos no les faltan razones para preocuparse: la liberalización económica ha llevado a un declive en el poder de negociación de los sindicatos australianos, cuya afiliación sindical está disminuyendo. De hecho, la MUA se enfrentó a una demanda paralizante, similar a la que afronta la ILWU, debido a un paro laboral que afectaba a las mercancías de Chevron. La MUA terminó fusionándose con otro sindicato.
Una amenaza al movimiento sindical del transporte
A pesar de que ICTSI no continúa operando en la terminal portuaria de Portland, a menos que el juez del caso de la ILWU decida reexaminar el asunto o conceder algún tipo de apelación, su paso por Portland dejará para siempre su sello en el sindicalismo marítimo estadounidense y servirá de amenaza al movimiento sindical del transporte en todo el mundo.
Cabe señalar, no obstante, que la campaña de la ILWU en la terminal de Portland puede considerarse desacertada. La disputa en Portland se originó porque los trabajos en cuestión estaban relacionados con el funcionamiento eléctrico de los contenedores refrigerados. Por esa razón, el sindicato representante de los electricistas, la International Brotherhood of Electrical Workers, reclamó con razón que los trabajos le pertenecían. ICTSI, como operador del puerto, argumentó que las acciones de la ILWU contra la empresa, en lo que en el fondo era una disputa jurisdiccional entre sindicatos, constituía un boicot secundario. ¿No encontró la ILWU mejor manera de aprovechar su tiempo y energía que luchar por unos pocos trabajadores que probablemente iban a terminar con algún tipo de representación sindical? En retrospectiva, no cabe duda de que se equivocó.
No está claro si las empresas relacionadas con ICTSI operan en algún puerto estadounidense o planean competir por las oportunidades que surjan en los puertos de los Estados Unidos en un futuro próximo —la empresa no respondió a nuestra solicitud de comentarios—. Lo que queda patente de esta debacle es que los empleadores están listos y dispuestos a esgrimir la prohibición de boicots secundarios contra los sindicatos del transporte, hasta el punto de que podría paralizar el funcionamiento de los sindicatos. Los empleadores han celebrado la sanción impuesta por el jurado, diciendo que supone una advertencia para el sindicato y sus bases, los estibadores.
“Tenemos que remontarnos a la Edad Dorada en que las empresas recurrían a tribunales afines a los empleadores para hacer quebrar y destruir a los sindicatos”, afirma James Gregory, historiador laboral de la Universidad de Washington. “Más grave aún, amenaza la existencia de un sindicato que durante mucho tiempo ha sido un modelo de política progresista y de gobernanza democrática, un sindicato que lucha por los derechos laborales en todo el mundo, un sindicato que ha superado cada obstáculo desde 1934. Si los tribunales vuelven a emitir fallos que lleven a la quiebra a los sindicatos, ningún sindicato estará a salvo, ni los derechos laborales de los que todos nosotros —estemos sindicalizados o no— dependemos”.
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