COVID-19: el papel clave de los trabajadores y trabajadoras del transporte urbano en la respuesta a la pandemia y la recuperación a largo plazo

La pandemia de COVID-19, devenida tanto en una crisis sanitaria como económica, se presenta como el reto mundial más grande de nuestras vidas. Más del 30 por ciento de la población mundial se encuentra actualmente afectado por algún tipo de restricción a la circulación, mientras que los trabajadores y trabajadoras de numerosas industrias se enfrentan a la pérdida de ingresos y amenazas a su condición de empleo ante la severa contracción de la economía.

En la primera línea de esta crisis se encuentran valientes trabajadores y trabajadoras que arriesgan su propio bienestar personal, como es el caso de quienes desempeñan tareas en los servicios sanitarios y sociales, las cadenas de suministro y el transporte público.

La crisis actual puso en primer plano el papel crucial que tienen los servicios de transporte público en la vida económica y social de las ciudades. El personal esencial de los sistemas de salud y de otros servicios de emergencia depende de estas redes para desplazarse hasta y desde su lugar de trabajo, mientras que poblaciones enteras dependen de ellos para acceder a la realización de pruebas de detección, a los servicios médicos y a cubrir sus necesidades básicas. En particular, las mujeres tienen una mayor dependencia del transporte público para acceder a servicios básicos y cumplir con sus responsabilidades de cuidado. 

Los trabajadores y trabajadoras del transporte público son indispensables a la hora de hacer frente a esta emergencia. Millones de trabajadores y trabajadoras, tanto formales como informales, mantienen los sistemas de transporte público operativos durante estos tiempos de crisis. Se trata de conductores/as, vendedores/as de boletos, guardas, personal de mantenimiento y oficinistas que prestan este servicio vital para mantenernos seguros/as y sanos/as.

Proteger la salud, los ingresos y los puestos de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras es fundamental para responder a esta pandemia y recuperarnos de ella. Dados el papel vital y la función pública que desempeñan, garantizar medidas de protección sanitaria y condiciones de empleo decente a los trabajadores y trabajadoras del transporte público es importante no solo para ellos mismos sino también para la salud y la subsistencia de la población general.

Los trabajadores y trabajadoras del transporte público deben poder realizar sus labores en condiciones seguras, al tiempo que reducen al mínimo los riesgos para ellos mismos y para los pasajeros y pasajeras. Muchos de los puestos de trabajo en el transporte público implican estar en contacto directo con los clientes, lo que conlleva un mayor riesgo de contraer y propagar el virus, así como de sufrir violencia en el lugar de trabajo.

En particular, se considera que los trabajadores y trabajadoras jóvenes tienen menos probabilidad de desarrollar síntomas graves. Sin embargo, sin el equipo de protección personal adecuado, tienen las mismas posibilidades incrementadas de contagiarse y propagar el virus.

Las medidas de salud y seguridad deberían aplicarse independientemente de las condiciones contractuales de los trabajadores y trabajadoras y deberían contemplar los distintos géneros y estados migratorios. Dado que el transporte público es un sector de por sí caracterizado por el predominio de hombres y la segregación por género, las mujeres deben participar en las instancias de decisión respecto de toda nueva medida. 

En este sentido, las autoridades y las empresas de transporte público deben negociar con los sindicatos a fin de garantizar:

• la provisión de equipo de protección personal adecuado a todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de las tareas que desempeñen en su puesto y la modalidad de empleo, incluyendo guantes, mascarillas y alcohol en gel y/o agua y jabón según sea necesario;

• cobertura médica integral adecuada, que incluya pruebas de detección y tratamiento de COVID-19 gratuitamente;
• la comunicación rápida de información sobre las medidas de respuesta adoptadas por los empleadores en caso de contagio por COVID-19 u otros riesgos a todos los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo independientemente de las tareas que desempeñen en su puesto y la modalidad de empleo;
• medidas de protección adecuadas, tales como la adaptación de los horarios de trabajo, sin pérdida de ingresos para los trabajadores y trabajadoras vulnerables y en riesgo o para aquellos que tienen familiares con vulnerabilidades y en riesgo en sus hogares, incluidas las empleadas embarazadas y los padres con bebés recién nacidos;
• medidas que permitan cumplir con las normas de distanciamiento social, incluida la suspensión del cobro de boletos, pagos sin uso de efectivo, la suspensión de la inspección de boletos, el ingreso por la puerta trasera y/o el cierre de puertas de los conductores, a fin de bloquear los asientos de la primera fila y limitar la cantidad de pasajeros/as por vehículo;
• procedimientos de limpieza y desinfección estrictos y periódicos en los lugares de trabajo, los vehículos y los dormitorios del transporte público;
• licencia remunerada suficiente para los trabajadores y trabajadoras afectados por el COVID-19, ya sea en forma directa o indirecta (por ejemplo, contagio, aislamiento de la familia u obligaciones de cuidado infantil);
• instalaciones sanitarias y descansos adecuados, conforme a las disposiciones de la Carta de la ITF por el derecho de los trabajadores y las trabajadoras del transporte al saneamiento, en particular ante el cierre de numerosas instalaciones públicas a menudo utilizadas por los trabajadores y trabajadoras. Esto debería aplicarse tanto para los trabajadores y trabajadoras con movilidad como para aquellos que trabajan en almacenes, terminales, servicios de mantenimiento o atención al cliente, y
• medidas para el desplazamiento seguro entre el hogar y el trabajo, que pueden incluir la provisión de transporte para los trabajadores y trabajadoras del transporte público hasta y desde el trabajo mientras se mantienen vigentes las restricciones de circulación.

Como resultado del distanciamiento social y los procedimientos de cuarentena ante el brote de COVID-19, se han reducido los servicios de transporte público. Ante esa situación, los gobiernos, las autoridades de transporte público y las empresas deben garantizar que:

• se mantengan los servicios mínimos a fin de permitir que el personal esencial pueda desplazarse hasta y desde su lugar de trabajo;
• se organicen todos los servicios mínimos de modo que tanto trabajadores y trabajadoras como pasajeros puedan viajar en forma segura;
• se protejan los términos y condiciones de empleo y los puestos de trabajo y que los trabajadores y trabajadoras continúen recibiendo sus ingresos independientemente de su condición laboral, y
• el apoyo financiero a los operadores del transporte público esté supeditado a la preservación de los términos y condiciones de empleo de los trabajadores y trabajadoras.

Muchos de los sistemas de transporte público del mundo dependen de trabajadores y trabajadoras informales. En algunas ciudades, constituyen el 85 por ciento de la fuerza laboral del transporte público, y la gran mayoría de ellos son mujeres y jóvenes. En el caso de los jóvenes es más probable que tengan una relación contractual atípica temporal, sin acceso o con acceso limitado a cobertura social y médica ni licencias con goce de sueldo. Por consiguiente, son más vulnerables a los despidos y a los recortes en las horas de trabajo sin la adecuada protección e indemnización.

A raíz de las abruptas suspensiones de servicios y reducciones a la movilidad, los trabajadores y trabajadoras informales han perdido su medio de subsistencia o se han visto obligados a seguir trabajando por un jornal a pesar del riesgo que esto implica para su salud. Es necesario que estos trabajadores y trabajadoras, que son un componente vital de las economías locales, estén protegidos/as.

La ITF insta a los gobiernos locales, regionales y/o nacionales a que garanticen:

• Protección de los ingresos/subsidios en efectivo para todos los trabajadores y trabajadoras del transporte público, tanto formales como informales, en aquellos lugares en los que el transporte público fue reducido a un nivel de servicio mínimo o dejó de funcionar. Se incluyen aquí aquellos casos en los que los trabajadores y trabajadoras informales perdieron su fuente de ingreso debido a la disminución en la cantidad de pasajeros.
• Un paquete de ayuda práctica, que incluya raciones de alimentos, asistencia de salud e higiene, asistencia para la devolución de préstamos, pago de alquiler y servicios públicos, y asistencia para las tareas de cuidado de personas.

Desde hace tiempo los trabajadores y trabajadoras del transporte junto con sus sindicatos vienen destacando la importancia del transporte público para la vida urbana, hecho que ha puesto de relieve la crisis actual. Hay países y ciudades en los que el transporte público está volviendo a manos del Estado. Sin embargo, no podemos aceptar que los gobiernos nacionalicen en época de pérdidas y riesgos y que privaticen cuando las empresas privadas consideran que tienen oportunidad de obtener ganancias.

Los servicios de transporte público serán necesarios para reconstruir la vida económica y social de las ciudades después del COVID-19, y el transporte público debe ampliarse y mejorarse para hacer frente a la crisis climática. Un sector tan vital debe priorizar en todo momento a las personas antes que la rentabilidad.

Mientras la crisis continúa desarrollándose, los gobiernos, los sindicatos, los empleadores y la sociedad civil deberán buscar soluciones viables para lidiar con las deudas contraídas por los sistemas de transporte público como resultado del COVID-19. Ésta también es una oportunidad para asegurarse de que el transporte público se organice para cumplir con las prioridades sociales y económicas, incluida la oferta de puestos de trabajo de calidad para mujeres y hombres. Para ello, el apoyo financiero a largo plazo para el transporte público debe estar supeditado al cumplimiento de los objetivos en pos del interés público, que incluyen evaluaciones de impacto de género, mayor gobernanza democrática, y el mantenimiento y la expansión del trabajo decente.

Solo un modelo de bienes públicos puede garantizar los servicios de calidad que necesitan millones de personas en épocas de crisis y de calma.