La trágica muerte de un pescador peruano frente a las costas de Uruguay ha generado enojo en la Unión de Trabajadores del Transporte de este país, que sostiene que el maltrato a los trabajadores por parte de la industria internacional lleva demasiado tiempo pasándose por alto.
El 2 de noviembre, el buque de bandera portuguesa Verdemilho atracó en el puerto de Montevideo, la capital uruguaya. A bordo había un ciudadano peruano fallecido que había presentado síntomas de COVID 19.
Adán Suárez trabaja para la Unión de Trabajadores del Transporte, que también tiene su sede en Montevideo, y ha venido luchando contra las condiciones imperantes —que él define como “crueles, casi terroríficas”— en las que realizan sus tareas decenas de miles de trabajadores de compañías pesqueras que ingresan al puerto de este país para descargar la pesca obtenida en el Atlántico sur.
“Sabemos que el tripulante estuvo enfermo a bordo durante más de 30 días, y no lo trajeron para que recibiera tratamiento. Siguieron pescando”, dice Suárez, que también ocupa el cargo de contacto de la ITF en Uruguay.
“El capitán se rehusó a ingresar al puerto porque el tripulante enfermo presentaba síntomas de COVID‑19 y, si se confirmaba que era positivo, tendría que poner a todo el buque en cuarentena. Poner al buque en cuarentena significaría no poder continuar pescando, por lo que el capitán simplemente se negó a entrar al puerto. Eso es lo que nos dicen sus compañeros de tripulación”.
Suárez comenta que el pescador peruano podría haber sobrevivido si el capitán hubiera antepuesto la salud de la tripulación a los beneficios económicos y hubiera procurado asistencia médica para el tripulante enfermo en Montevideo.
Este funesto dilema refleja los peligros que conlleva el trato recibido por los trabajadores de las compañías pesqueras en el Atlántico sur.
Suárez señala que, cuando el sindicato tuvo acceso a los contratos de empleo que la operadora del Verdemilho había impuesto a la tripulación, hasta ellos quedaron estupefactos.
“En términos bien claros, les dicen a estos trabajadores: ‘Trabajarán entre 18 y 20 horas al día todos los días’, ‘Tendrán poco tiempo de descanso’, ‘No ganarán más de 600 dólares al mes’. Los tripulantes incluso deben pagarse su propia seguridad social y su cobertura médica”, indica Suárez.
“Lo peor de todo es que se les dice que, si un tripulante se lesiona o enferma mientras se encuentra trabajando a bordo del barco y debe ser llevado a tierra firme para poder ir a un hospital, él y su familia tendrán que pagar todos los gastos. Eso es lo que habría ocurrido con este joven peruano. En lugar de brindarle asistencia y cuidar de él, su empleador le negó el tratamiento necesario e intentó sacarle el poco dinero que tenía por haber cometido el delito de enfermarse. Es repugnante”.
Suárez afirma que la empresa intentó incluso ocultar la muerte del pescador y silenciar a su familia.
“El hermano del tripulante fallecido va a iniciar acciones legales contra la empresa, ya que querían pagarle 15 000 dólares a la hija del pescador a cambio de que no presentara una denuncia por negligencia y violación de los derechos humanos.
“Como país y como Estado rector del puerto, Uruguay no puede ignorar deliberadamente estas violaciones a los derechos humanos o acostumbrarse a ellas. No permitiremos que se haga esto en nuestro nombre”, proclama Suarez, visiblemente enfadado.
Rossen Karavatchev, coordinador de la Sección de Pesca de la ITF, se declara preocupado por lo ocurrido en el Verdemilho, pero no sorprendido. Señala que los caladeros de la costa atlántica de Sudamérica se están convirtiendo en un caldo de cultivo para la explotación y el abuso de los derechos humanos.
Karavatchev explica que el problema que existe en la región responde en parte a la disputa por los caladeros cercanos a las islas Malvinas.
“Nos encontramos ante una situación en la que algunas jurisdicciones están tan ansiosas por vender derechos de pesca que no les importan en absoluto los evidentes abusos que se cometen contra los trabajadores justo a la salida de sus puertos. Es una industria multimillonaria, y hay mucha gente que se beneficia de ello.
“Como consecuencia de esta negligencia motivada por el dinero, las autoridades han hecho la vista gorda a las remuneraciones insuficientes, el maltrato, el daño físico e incluso las muertes de los trabajadores a bordo de las embarcaciones.
“Me pregunto si los consumidores de Europa, Asia y Norteamérica son conscientes de que el pescado que consumen del Atlántico sur está manchado de la sangre de trabajadores explotados por las empresas pesqueras. La situación frente a la costa del África occidental es similar”.
Karavatchev afirma que, desde 2018, al menos 17 tripulantes han muerto en aguas uruguayas a bordo de barcos pesqueros de propiedad extranjera. Ocho de ellos provenían de Indonesia, cuatro de China, dos de Perú y uno de Taiwán.
“Estamos agradecidos a Adán y a la Unión de Trabajadores del Transporte de Uruguay por sacar estos casos a la luz. Cada uno representa a una madre, un padre, una hermana, un hermano, una hija o un hijo a quienes les han arrebatado un ser querido en nombre de la codicia. Debe hacerse una limpieza en esta industria por el bien de ellos”.”
