Los Gobiernos de todo el mundo deben otorgar la máxima prioridad a la crisis climática y garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras frente a las convulsiones que está provocando, señala un nuevo documento informativo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).
El informe COP27: Justicia climática, justicia laboral detalla las demandas de la ITF a los Gobiernos y los empleadores de cara a la 27.ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que comienza el domingo en Sharm el Sheij (Egipto).
“Los trabajadores y las trabajadoras del transporte, que mantienen el mundo en movimiento, reclaman una prueba de liderazgo en la COP27”, afirma Stephen Cotton, secretario general de la ITF. “Exigen a los Gobiernos objetivos climáticos más ambiciosos, que cumplan sus promesas de financiación climática para eliminar la brecha de resiliencia y que se comprometan a aplicar planes de transición justa en el transporte”.
Objetivos climáticos de los trabajadores y las trabajadoras
El transporte es responsable del 15 % de todos los gases de efecto invernadero, y en la COP27 los sindicatos exigirán una transición justa —encabezada por los trabajadores y las trabajadoras— hacia un nuevo mundo en el que el transporte sea neutro en carbono y se proteja a la fuerza laboral y sus medios de vida.
“Los objetivos de los trabajadores y las trabajadoras para afrontar esta crisis son mucho más ambiciosos que los de los Gobiernos o las empresas de transporte”, subraya Cotton. “La ITF está colaborando con todos los sectores de la industria, desde el transporte marítimo hasta el transporte público, para lograr planes de transporte que prioricen el empleo, una transición justa y la descarbonización”.
“Pero sin inversiones en infraestructuras y servicios jamás alcanzaremos los objetivos necesarios para limitar las repercusiones catastróficas del cambio climático. Reducir las emisiones mundiales en un 45 % de aquí a 2030 y alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para 2050 no son objetivos descabellados: debemos alcanzarlos para sobrevivir a la crisis climática”.
El informe describe los inmensos beneficios para las economías nacionales y la fuerza laboral que pueden generar las inversiones sostenibles en el transporte. Por ejemplo, el modelo elaborado por la ITF y el grupo C40 muestra que la inversión en transporte público en Johannesburgo (Sudáfrica) crearía 54 000 puestos de trabajo directos y otros 73 100 indirectos.
“Debe involucrarse a los trabajadores y las trabajadoras del transporte en los procesos decisorios”, destaca Cotton. “Ellos están viviendo en primera persona las consecuencias del cambio climático y saben cómo dar un impulso a esta transición. Sentimos que tenemos una responsabilidad con la adecuación de los sistemas de transporte de cara al futuro y no dejaremos de presionar a los Gobiernos hasta que sus planes y su financiación estén a la altura necesaria para abordar el problema”.
Solo este año, los profesionales del transporte han soportado todo tipo de inclemencias: en Pakistán, siguieron trabajando en medio de unas inundaciones que anegaron un tercio del país; en Europa, continuaron de servicio durante el verano más caluroso registrado en los últimos 500 años; en Filipinas y los Estados Unidos, resistieron el caos provocado por tormentas y huracanes.
“Los países desarrollados no han puesto en práctica su compromiso de aportar 100 000 millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Esos Gobiernos simplemente no han cumplido su promesa y tienen que compensar esta falta de acción”, afirma Cotton. “Si no podemos limitar el calentamiento global a 1,5 °C, nos enfrentamos a una catástrofe. La inversión es fundamental para superar este desafío y transformar genuinamente el transporte. Sin una acción urgente por parte de los Gobiernos que impulse las inversiones y exija responsabilidades a las empresas, tendremos todos un enorme problema”.
Reivindicaciones de la ITF en la COP27
1. Objetivos climáticos más ambiciosos
Los Gobiernos, las empresas y los sindicatos del transporte debemos trabajar juntos para descarbonizar el transporte y mantener vivo el objetivo de 1,5 °C, además de para desempeñar el papel que nos corresponde en la consecución de una reducción de las emisiones del 45 % para 2030 y la meta de cero emisiones de carbono para 2050.
Para lograrlo debemos acelerar la transición energética mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles, hidrógeno y combustibles alternativos, así como a través de la electrificación.
2. Cumplimiento de la promesa de financiación climática y eliminación de la brecha de resiliencia
Hace falta cumplir el compromiso de inversión anual de 100 000 millones de dólares, dar un impulso a las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte sostenible y procurar fondos para gestionar las pérdidas y daños en las infraestructuras de transporte, así como mejorar las condiciones laborales.
Los Gobiernos deben intensificar y financiar planes de adaptación que permitan construir unos sistemas de transporte resilientes al clima y unas condiciones laborales adaptadas a las futuras realidades climáticas.
3. Adopción de planes de transición justa en todos los sectores del transporte
Es preciso tratar el transporte como un bien público, aplicando medidas gubernamentales que garanticen el control democrático, empleos sindicalizados de calidad y una transición justa. Los nuevos acuerdos sobre financiación de la lucha contra el cambio climático deben incluir normas relativas a la transición justa.
La propiedad pública de las principales infraestructuras de transporte —urbano, ferroviario, aéreo— debe ocupar un lugar central en los planes de transporte.
