Varios sindicatos y federaciones sindicales mundiales han escrito a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de las Naciones Unidas, para pedir que intervenga de forma urgente en nombre de los 800 trabajadoras y trabajadores marítimos que fueron despedidos ilegalmente y sometidos a un trato cruel por parte de P&O Ferries.
Los sindicatos afirman que la inaplicación por parte del Gobierno del Reino Unido de la legislación laboral pertinente y las correspondientes sanciones punitivas para garantizar el cumplimiento tras el despido ilegal de la gente de mar, llevado a cabo por P&O Ferries sin realizar una consulta previa, constituye una violación grave de los principios de la OIT relacionados con la libertad de asociación y la negociación colectiva. El Gobierno también ha contravenido tratados internacionales a los que está sujeto el Reino Unido.
El ataque de P&O Ferries al marco jurídico llevó a organizaciones de trabajadores, entre ellas la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), los sindicatos de gente de mar Nautilus International y el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), la Confederación de Sindicatos Británicos (TUC), la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), a presentar conjuntamente ante la OIT una denuncia formal contra el Gobierno del Reino Unido.
Consideran que el asunto reviste una gravedad tal que también han solicitado la intervención personal urgente del director general de la OIT, Guy Ryder, y le han pedido que señale al Reino Unido su incumplimiento de las normas laborales reconocidas a nivel internacional.
“El director ejecutivo de P&O Ferries ha admitido que la compañía procedió de manera ilegal al despedir a 800 trabajadores sin previo aviso en marzo y ha declarado ante el Parlamento que volvería a hacerlo”, señaló Stephen Cotton, secretario general de la ITF. “P&O Ferries se ha comportado de manera sumamente premeditada y atroz, y pretende salirse con la suya”.
Las leyes permiten que las compañías paguen para evitar repercusiones y dejan pocas opciones a los trabajadores
“P&O Ferries ha pisoteado el derecho de estos trabajadores a la libertad de asociación y la negociación colectiva”, indicó Cotton. “Esa es la consecuencia de que esta compañía haya hecho caso omiso de su obligación legal de consultar con la gente de mar y sus sindicatos antes de despedirlos en masa por Zoom, escoltarlos fuera de los buques con guardias de seguridad capacitados para utilizar esposas y sustituirlos por personal no sindicalizado por una mínima parte del salario”.
Cotton señaló que a los sindicatos les preocupa la posibilidad de que, en virtud de la legislación británica, se pudiera ejercer presión financiera sobre los trabajadores para que renunciaran a su derecho de impugnar legalmente las infracciones de un empleador.
“P&O Ferries consideró el costo que tendría infringir la ley y procedió a chantajear a la gente de mar con paquetes de despido, con cláusulas mordaza, por montos superiores a lo que los trabajadores habrían podido obtener en caso de llevar a P&O a los tribunales y conseguir una liquidación reglamentaria, comprando así su silencio en términos jurídicos y enterrando sus derechos”.
Cotton señaló que, si bien la actuación de P&O no ha sido ética, los sindicatos disponen de pocas vías para impugnar las medidas adoptadas en virtud de la legislación británica actual.
“A través de la OIT exigimos al Reino Unido que refuerce su legislación laboral a fin de que los trabajadores puedan gozar efectivamente de los derechos que el Gobierno asegura que tienen”, declaró Cotton.
“Es preciso que haya un verdadero elemento de disuasión contra empleadores deshonestos. Queremos que los directores queden inhabilitados profesionalmente si ignoran intencionadamente el derecho a la consulta de los trabajadores. No debería haber un tope a la indemnización que un trabajador puede recibir si el empleador no realiza la consulta correspondiente. Tiene que eliminarse este tope a fin de que los tribunales puedan imponer sanciones que se ajusten al delito en casos como el de P&O Ferries, que es una versión exacerbada del método de despido y recontratación”.
Cotton afirmó que el Gobierno del Reino Unido debe permitir que los sindicatos y los trabajadores soliciten medidas cautelares por parte de los tribunales para detener los despidos polémicos e incluso revocarlos hasta que el empleador realice la consulta adecuada.
Hasta que el Reino Unido introduzca estos cambios en su legislación, el país continúa infringiendo el Convenio 87 y el Convenio 98 de la OIT. Este último obliga al país a “estimular y fomentar” la negociación colectiva y dispone que todos “[l]os trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical”.
Los sindicatos se pronuncian
El secretario general del RMT, Mick Lynch, señaló: “Los gánsteres capitalistas como P&O Ferries degradan la ley y las normas de seguridad marítimas a fin de ganar dinero fácil. Esto no puede tolerarse. Los empleadores como P&O Ferries, empeñados en atacar los derechos de los trabajadores para beneficiar a sus propietarios en Dubái, deberían asumir consecuencias jurídicas efectivas a nivel de la OIT”.
El secretario general de Nautilus International, Mark Dickinson, afirmó: “Llevamos cincuenta días de esta crisis autoimpuesta y el director ejecutivo de P&O Ferries, Peter Hebblethwaite, que admitió haber infringido la ley, no ha asumido ninguna responsabilidad por el despido ilegal de nuestros miembros. Debe ser despedido”.
La secretaria general de la ETF, Livia Spera, indicó: “El incumplimiento por parte del Gobierno británico de su legislación laboral sienta un peligroso precedente para los empleadores deshonestos en toda Europa. Los ministros deben intervenir para resolver esta situación e impedir que la vida de los trabajadores vuelva a verse destrozada por prácticas laborales tan crueles y premeditadas”.
Frances O’Grady, secretaria general de la TUC, declaró: “Nadie debería ser tratado como mano de obra descartable, pero nuestras medidas de protección de los trabajadores son tan insuficientes que los empleadores adinerados pueden simplemente eludirlas.
“Este escándalo nacional debería ser un punto de inflexión para los derechos de los trabajadores en el Reino Unido. Sin embargo, Boris Johnson no ha presentado su tan prometido proyecto de ley sobre empleo dirigido a fortalecer los derechos de los trabajadores. Los trabajadores ya están hartos. Precisan una mejor protección y una mayor dignidad en el trabajo. Y los empleadores deshonestos que infringen la ley deben recibir sanciones más duras y multas más onerosas que las permitidas por las leyes actuales”.
Sharan Burrow, secretaria general de la CIS, indicó: “El trabajo digno, la libertad de asociación y la negociación colectiva han de estar en el centro de las leyes laborales. La legislación laboral debe proteger a los trabajadores y trabajadoras. Es hora de que el Gobierno del Reino Unido acabe con la práctica de despido y recontratación, refuerce sus leyes e imponga sanciones duras a las compañías que no cumplan con ellas”.
Notas para redactores:
Cambios a la legislación que los sindicatos quieren que se introduzcan
- Permitir a los sindicatos que soliciten una medida cautelar para prohibir que los despidos ilegales surtan efecto (o para reincorporar a los trabajadores) hasta que se haya realizado una consulta plena y significativa
- Introducir legislación para establecer negociaciones colectivas sectoriales entre los sindicatos y los empleadores con respecto a todos los transbordadores que prestan servicio a los puertos del Reino Unido y otorgar carácter jurídicamente vinculante a los convenios colectivos (en virtud de la Ley de Consejos de Salarios de 1976)
- Eliminar la prohibición de adoptar medidas reivindicativas secundarias cuando el empleador involucrado en una disputa no ha cumplido la obligación reglamentaria de consultar al sindicato reconocido
- Tipificar como delito penal, sancionable con multas ilimitadas, la falta de consulta a los sindicatos por parte de una compañía y sus directores
- Eliminar el límite de indemnización por la falta de consulta (el límite actual es de 90 días de remuneración contractual)
- Modificar la Ley de Transferencia de Empresas (Protección del Empleo) de 2006 a fin de permitir que los sindicatos soliciten una medida cautelar para detener el procedimiento de transferencia hasta que se haya llevado a cabo una consulta plena y significativa
- Modificar la Ley sobre Derechos Laborales de 1996 a fin de prohibir las técnicas de “despido y recontratación” utilizadas por P&O Ferries
- Implementar una legislación más estricta, que se aplique independientemente del pabellón que enarbolen los buques y que proteja a toda la gente de mar de cualquier tipo de discriminación (lo cual amplía las posibilidades de intervención de las autoridades británicas incluso si el buque está registrado en otro país)
- Modificar la Ley de Inhabilitación de Directores de Compañías de 1986 de modo que la falta de consulta sea motivo para la inhabilitación como director de una compañía
