Representados por el Sindicato Coreano de Trabajadores de Servicios Públicos y Transporte (KPTU), el personal de limpieza inició una huelga de celo intermitente y convocó varios paros como medida de presión tras la ruptura de las negociaciones con la empresa. Ante la fuerte represión que sufren por hacer valer sus derechos fundamentales, los trabajadores y las trabajadoras iniciaron el martes una huelga de duración indefinida.
En respuesta a estas medidas, el empleador del personal de limpieza ha demandado a 12 activistas sindicales, a quienes reclama un total de 110 millones de wons (930.000 USD). A pesar de que la demanda está pendiente, se ha ordenado la congelación de las cuentas bancarias de estos activistas.
Aunque se encargan de la limpieza de las cabinas de los aviones de Korean Air, estos trabajadores y trabajadoras son empleados de EK Manpower, una empresa subcontratada por Korea Airport Service, filial de la aerolínea. Esta subcontrata les paga el salario mínimo y los expone a unas condiciones laborales pésimas: se trata de un claro ejemplo de cómo la subcontratación y la privatización están socavando las normas de trabajo en el sector de la aviación.
La semana pasada, el secretario de la Sección de Aviación Civil de la ITF, Gabriel Mocho Rodríguez, escribió a los responsables de EK Manpower y Korea Airport Service, exigiéndoles que pongan fin a la represión de los activistas sindicales e informándoles de que la ITF apoyará toda intensificación de las medidas en curso que los trabajadores y el KPTU consideren necesaria.
Desde entonces, varios sindicatos afiliados a la ITF —como la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT) y el Comité de Trabajadores del Aeropuerto de Toronto (TAWC)— han escrito también a los responsables de la empresa para expresar su solidaridad con el personal de limpieza surcoreano.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya advirtió en repetidas ocasiones a Corea del Sur sobre el uso excesivo de la subcontratación por parte de sus empleadores y su tendencia a emprender acciones legales contra activistas sindicales. El país aún no ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre libertad de asociación y negociación colectiva, algo que representaría su compromiso con las prácticas laborales equitativas en el conjunto de su economía.
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