La ITF ha escrito a la ministra de Asuntos Exteriores de Senegal, Yassine Fall, para solicitar su intervención urgente ante el impactante despido ilegal de 103 choferes de transporte por carretera por parte de Industries Chimiques du Sénégal (ICS) a principios de mes.
La rescisión del contrato de los camioneros se produjo después de que exigieran equipos de protección individual (EPI) para poder realizar su trabajo diario con seguridad, según la Union des routiers du Sénégal (URS), sindicato afiliado a la ITF.
“Esta medida de represalia no solo supone una violación flagrante de los derechos del personal, sino que también vulnera el derecho internacional. Este despido masivo es incomprensible e inaceptable en un país como Senegal, conocido en todo el mundo por sus valores democráticos y el respeto por los derechos humanos y laborales”, manifestó el secretario general de la ITF, Stephen Cotton, en la carta dirigida a la ministra de Asuntos Exteriores.
“Como ministra encargada de representar a su país en la Organización Internacional del Trabajo, me gustaría recordarle su responsabilidad de velar por el cumplimiento y el respeto de los compromisos internacionales asumidos por Senegal.
“Le instamos a cooperar con ICS y exigirle que adopte medidas inmediatas para reincorporar a los choferes. Además, instamos a su ministerio a abordar la explotación a la que estas 103 personas llevan sometidas desde 2018 —incluida la obligación de trabajar sin contratos de empleo ni afiliación a la seguridad social—, que también requiere una regularización urgente”, añade Cotton.
Según informaciones de medios senegaleses, cuando el personal exigió EPI a ICS, fue objeto de despido sin previo aviso, sin comunicación oficial del motivo y sin compensación alguna, lo cual contraviene la legislación laboral de Senegal.
Algunos choferes llevaban más de seis años trabajando para la empresa sin haber recibido un contrato de empleo, lo que supone otra violación de las leyes del trabajo. Además, el personal no estaba afiliado al régimen nacional de la seguridad social ni a ningún programa de seguro médico, con lo cual, en caso de enfermedad o lesión, los choferes tenían que sufragar estos gastos extra de su propio bolsillo.
“Hemos sido objeto de explotación sin contrato, sin protección social y sin cumplirse la ley, y hoy ICS quiere deshacerse de nosotros para ocultar sus delitos”, afirma Daouda Lo, responsable de Comunicaciones de la URS.
ICS es una filial de Indorama Corporation, una multinacional con sede en Singapur. La empresa declara ser el mayor fabricante de productos de abono fosfatado en el África subsahariana.
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