Qantas es una de las aerolíneas australianas que se encarga de deportar a las personas solicitantes de asilo en nombre de las autoridades de inmigración del país. Los sindicatos y los grupos de activistas siguen muy preocupados por el papel de estas empresas en la aplicación de las políticas de deportación gubernamentales, ya que pueden contravenir las normas internacionales de derechos humanos y poner en peligro a los trabajadores y las trabajadoras de la aviación en tierra y en vuelo.
La semana pasada, el Centro Australiano para la Responsabilidad Corporativa (ACCR) presentó una moción en nombre de los accionistas de Qantas preocupados por este asunto para exigir a la aerolínea que revise sus prácticas de deportación. El resultado registró un 23,5 % de votos emitidos a favor, lo que supone un incremento significativo con respecto al 6,4 % que obtuvo una moción similar presentada en la Junta General de Accionistas de 2018.
Los activistas también están presionando a las aerolíneas de otros países para que pongan fin al uso de vuelos comerciales para las deportaciones de los Gobiernos. Esta labor de presión ya está cosechando victorias: Virgin Atlantic anunció que se negará a transportar a los deportados involucrados en el escándalo británico de “Windrush”. Por su parte, el grupo de manifestantes conocido como “los 15 de Stansted”, acusado según las leyes antiterroristas por obstruir una deportación en el aeropuerto de Stansted, recibió sentencias no penales a principios de este año, ya que el juez dictaminó que sus intenciones fueron “genuinas”.
La ITF sigue oponiéndose a la utilización de vuelos comerciales para tales fines y hace un llamamiento a las aerolíneas de todo el mundo para que pongan fin a sus relaciones con las autoridades estatales de inmigración.
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