El 15 enero entró en vigor el Decreto sobre Partidos Políticos de Fiyi (Decreto 4 de 2013) justo después de que el régimen militar descartara un nuevo borrador de Constitución redactado luego de un proceso consultivo popular. Cualquier persona que desafíe dicho decreto se enfrenta a multas de 50.000 $, a cinco años de prisión o a ambos.
Las organizaciones sindicales afirman que el propósito de dicho decreto no puede estar más claro: eliminar los partidos políticos de la oposición e impedir la inscripción de nuevas organizaciones políticas. El decreto fue emitido apenas unos días luego de que la Confederación Sindical de Fiyi (FTUC) celebrara una reunión especial para lanzar un nuevo partido político de la oposición en el que estarían incluidos los sindicatos.
El decreto excluye a todos los funcionarios públicos de la posibilidad de solicitar, ser miembro u ostentar un cargo en un partido político; incluye en la definición de “funcionario público” a cualquier responsable sindical, ya sea elegido o designado; y prohíbe a responsables sindicales incluso expresar su apoyo a un partido político. Cualquier líder sindical que se una o asuma un cargo en un partido se asumirá que renuncia a su posición en su sindicato.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, explica: “El régimen está de nuevo intentando silenciar la mayor organización de la sociedad civil y fuerza de la oposición en el país, a saber: el movimiento sindical. La promesa de celebrar elecciones en 2014 no tendrá sentido si no puede participar plenamente en el proceso político toda la ciudadanía. No debería quedar duda internacionalmente de que el régimen intentará por todos los medios necesarios ganar estas elecciones en 2014”.
El presidente de la ITF, Paddy Crumlin, comenta: “El régimen está dejando muy claro que tiene la intención de hacer cuanto quiera sin que le sancione el pueblo de Fiyi. Estamos totalmente alarmados porque la Constitución propuesta por el propio régimen ratificará la represión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La ITF y otras organizaciones sindicales instarán a gobiernos del mundo entero a poner en tela de juicio su relaciones diplomáticas con el régimen militar de Bainimarama”.
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